Con la exigencia de que se reconozca su derecho de unirse para luchar por sus derechos, organizaciones agremiadas en el Frente Auténtico del Campo (FAC) participaron en la jornada nacional ¡Zapata Vive!

En el marco del centenario del asesinato del llamado Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar, alrededor de 150 personas marcharon por el bulevar hacia la delegación de la Secretaría del Bienestar, ubicada en la calzada Héroes de Chapultepec.

Cerca de 45 minutos se vio entorpecida la circulación, ya que abarcaron todos los carriles en dirección Guadalupe-Zacatecas, hasta llegar a las instalaciones de la dependencia federal, donde realizaron un mitin.

Uno de sus principales reclamos es hacia la postura del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de ya no dar apoyos a través de organizaciones.

Aseguran que nunca se les ha entregado recurso directamente y solo se han unido para gestionarlo con el fin de que se entregue directamente a los beneficiarios.

Otra de sus quejas es contra el despojo de tierras y aguas en perjuicio de los campesinos por parte de las compañías mineras, refresqueras y cerveceras.

Pedro Ovalle, secretario general en el estado de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), expresó su rechazo a las políticas actuales de dádivas por parte del actual gobierno federal “como si los trabajadores del campo, los viejitos o los jóvenes fueran limosneros”.

Exigen el derecho a la tierra y a producir, con el apoyo de políticas públicas del gobierno, para terminar con la dependencia alimentaria.

“Zapata luchaba por la tierra, y con las reformas del pasado gobierno esa tierra paulatinamente va pasando al poder de las grandes compañías nacionales y extranjeras”, expresó el líder.

En Zacatecas, dijo, la inmensa mayoría de tierras de los ejidos y de las comunidades hoy están en manos de las mineras, así como el agua que también es acaparada por la cervecera Corona, mientras escasea en las ciudades. En tanto, el gobierno actual “no le ha tocado un pelo” al modelo depredador.

Acusó al presidente de realizar un linchamiento mediático contra las organizaciones, mientras que no se ha encarcelado a los verdaderos culpables de la malversación de recursos que acusa.

Olivia Sánchez, lideresa del Movimiento Social por la Tierra (MST), manifestó su exigencia de que también sus comunidades se consideren entre las que son prioritarias para los apoyos, lo que ya han solicitado a la delegada Verónica Díaz Robles, sin respuesta.

Expuso que continúa el coyotaje mientras los productores no se han visto beneficiados de la venta de sus cosechas, además de que los apoyos se siguen utilizando con fines electoreros y los puestos públicos se dan por compadrazgos y amistades, sin que trabajen por los sectores más vulnerables.

Efraín Arteaga Domínguez, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), lamentó que la política que ha estado aplicando López Obrador con respecto a las organizaciones campesinas y sociales viola los derechos de los ciudadanos a asociarse, establecida en el artículo 9 de la Constitución.

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