Viernes 19 Julio 2019

Defienden mujeres Milpillas ante ejidatarios que se oponen a presa

Ejidatarios que rechazan la construcción de la presa de Milpillas acudieron este jueves al Tribunal Unitario Agrario (TUA) para demandar la nulidad del acta de la asamblea celebrada en El Potrero el 29 de abril de este año.

Cuando eran entrevistados por la prensa, llegó un grupo de mujeres que dijeron ser habitantes de colonias de Guadalupe y se manifestaron a favor del proyecto hídrico que se construye en Jiménez del Teúl.

“Tenemos agua una vez a la semana”, expresó una ciudadana que dijo llamarse Laura Medina, habitante de Guadalupe, entre el grito “Queremos el agua, que siga el proyecto”, que coreaban sus compañeras.

A pregunta de los reporteros, las mujeres reconocieron desconocer el nombre de la presa y demás detalles del proyecto, con el que el gobierno estatal pretende dotar de agua potable para uso doméstico a Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe.

Asimismo, aseguraron que no les pagaron por ir a manifestarse al TUA, ubicado en Guadalupe, y que pertenecen a todos los partidos políticos, menos a Morena.

Esta protesta de colonos fue calificada por los ejidatarios y las organizaciones que los lideran como un intento del gobierno para boicotear su diálogo con los medios de comunicación.

 

Piden nulidad de acta de asamblea ejidal

Acompañados por el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (Ocmzac), que pertenece a la Red Mexicana de las y los Afectados por la Minería (Rema), ejidatarios acudieron este jueves ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 1.

Demandaron la nulidad del acta de la asamblea ejidal que se llevó a cabo el 29 de abril de 2018 en el ejido de El Potrero, municipio de Jiménez del Teul, convocada por el comisariado ejidal el 16 del mismo mes.

Acusaron que la convocatoria y el acta son ilegales y manipuladas, pues hay al menos 10 firmas falsas de ejidatarios, por lo que no es válida la cesión de 11 hectáreas a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (Sama) para el proyecto Milpillas.

Rema informó que este acto incluye las demandas contra Fidel Domínguez Pineda, Román Solís de la Rosa y Tomás Herrera Solís, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de El Potrero, respectivamente.

Asimismo, contra Ramiro Domínguez Pineda, Manuel Ochoa Herrera, Gumaro Hernández Hernández, presidente y secretarios del Consejo de Vigilancia, respectivamente; Francisco Godoy Cortés, delegado de la Procuraduría Agraria en Zacatecas; Arnoldo Rodríguez Reyes, delegado de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

También contra Elías Ortiz González, subdelegado Jurídico de la Procuraduría Agraria; Loreto Ordaz García, jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Río Grande; Alejandro Martínez Guerrero, subsecretario de Sama, y contra la Delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) en Zacatecas.

Grecia Rodríguez Navarro, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, destacó que además de detectar firmas falsas en documentos ejidales, han encontrado otras anomalías.

Como ejemplo dijo que en el Manifiesto de Impacto Ambiental se desmiente que solo se usará el 15 por ciento del agua del río, sino que será 91 por ciento, dejando sin este recurso a las familias y ejidos de la región.

Aunado a ello, aseguran que gracias a las investigaciones realizadas por académicos saben que el déficit de agua en la zona conurbada es del 260 por ciento y que el agua que pretenden transportar dejaría el déficit en 214 por ciento, por lo que no es una solución al problema.

Noé Sánchez, ejidatario, reprobó la presencia permanente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Atotonilco y El Potrero, que custodia el traslado de insumos para la obra, más que a los pobladores.

Rechazó que las autoridades quieran llegar a mandar a “casa” de los pobladores y les “quiten la tortilla para llevársela a otros”.

 

Lucha contra el proyecto

En 2015, el entonces gobernador Miguel Alonso Reyes anunció la autorización del Gobierno Federal para la construcción de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul, que impactará 19 ejidos en 5 municipios, según Rema.

Durante el actual gobierno han comenzado las obras, a las que se oponen ejidatarios, quienes han realizado las siguientes acciones de resistencia:

  • 20 de octubre. Solicitaron al Comisariado Ejidal un ejemplar del Acta de Asamblea y el convenio de cesión de tierras, pero respondió que no cuenta con ese documento.
  • 23 de octubre. Interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), por la intervención de autoridades estatales y municipales en la Asamblea del Ejido El Potrero.
  • 24 de octubre. En la CNDH se hizo la solicitud a través de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, para ingresar al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el área de Recepción de Casos y Atención de Acuerdos de Junta de Gobierno del Mecanismo.
  • 26 de octubre. Se les llamó a las oficinas de la CDHEZ en Sombrerete para realizarles peritajes psicológicos sobre los daños que les causó el evento. Actualmente esperan una respuesta.
  • 26 de octubre. Interpusieron una queja en la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la intervención de autoridades
    federales en la Asamblea del Ejido El Potrero.
  • 26 de octubre. Se presentó la ampliación y aportación de la queja ante la CNDH por nuevos hechos, por la invasión de la propiedad colectiva del ejido Atotonilco, causada por la intromisión de dos máquinas para la construcción de la Presa Milpillas el 25 de octubre.
  • 26 de octubre. Se levantó una Queja en la Quinta Visitaduría de la CNDH, dirigida a la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, por agravios ocurridos el 14 de octubre.
  • 30 de octubre. Solicitaron a la alcaldesa de Jiménez del Teul, Victorina Espinoza Sánchez, los permisos otorgados por el municipio y la información que se tenga sobre
    la Presa Milpillas, pero tampoco recibieron respuesta.
  • 22 de noviembre. Interpusieron una queja ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria Nacional, denunciando por abuso de autoridad a Arnoldo Rodríguez Reyes, delegado de Sedatu; Francisco Godoy Cortés, delegado de la Procuraduría Agraria; Elías Ortiz González, subdelegado Jurídico de la Procuraduría Agraria; y Loreto Ordaz García, jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Río Grande.
  • Además hay una denuncia ante el Ministerio Público de Sombrerete por amenazas e intimidaciones en contra de quienes resulten responsables, por los hechos cometidos en la asamblea del 14 de octubre de 2018, cuando presuntamente policías agredieron a manifestantes.

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