Domingo 20 Enero 2019

Marchan por asesinato de Paloma; FGJEZ investiga secuestro agravado

Mujeres y hombres de los proyectos educativos del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) marcharon este martes en el Centro Histórico de la capital y entregaron una carta dirigida al gobernador Alejandro Tello, en la que repudian la muerte de Paloma Jacaranda González.

Maestra del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Emiliano Zapata de la cabecera municipal de Jerez y estudiante del primer semestre de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la joven de 20 años fue encontrada muerta el 4 de octubre.

Se le reportó como desaparecida el 27 de septiembre en Jerez, tras no regresar a su casa luego de salir a correr con una persona, de acuerdo con autoridades estatales.

Fue localizado su cuerpo en estado de descomposición y con una herida de bala, en un camino de terracería que comunica del libramiento Jerez- Fresnillo al rancho El Ombligo.

Alrededor de 200 personas marcharon de la Avenida González Ortega a Plaza de Armas, en la capital del estado, en donde realizaron un mitin para exigir justicia para Paloma y seguridad para todas las mujeres.

Condenaron la “ola de terror” que se vive en la entidad con las muertes violentas de sus “hermanas de género”, por lo que demandaron a las autoridades que, si no pueden con la responsabilidad, renuncien.

Llamaron también a la reflexión como ciudadanos y como padres de familia, a su labor dentro de la sociedad ante este escenario de inseguridad.

Otra marcha está convocada por la comunidad estudiantil, para el domingo 14 de octubre a las 11:30 de la mañana en la glorieta Francisco García Salinas de Jerez.

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Investigan secuestro agravado, no feminicidio
Francisco Murillo Ruiseco informó que la investigación por el asesinato de la joven Paloma se mantiene por secuestro agravado y no se ha dictaminado aún como feminicidio.

Explicó que, luego de que se le perdió el rastro, la familia recibió una llamada en la que se les pedía rescate por la víctima, lo que constituye dicho delito.

A través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, la Fiscalía General de Justicia del Estado se acercó a la familia para ofrecer su colaboración, pero ésta decidió no aceptar el apoyo.

Murillo argumentó que el Ministerio Público determinó seguir la investigación como secuestro agravado, dado que la joven murió y con dichas circunstancias la pena máxima para los captores podría ser de hasta 140 años de cárcel.

Afirmó que, si el Ministerio Público lo considera pertinente, podría cambiar la línea al delito de feminicidio.

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