Sábado 25 May 2019

Acusa sindicato asalto policiaco-militar a mina San Martín

Es ilegal la reapertura de la Unidad San Martín y es grave que los gobiernos sirvan a los intereses de Minera México por encima de la justicia, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSYSRM).

Representantes del SNTMMSYSRM calificaron como un asalto policiaco-militar la irrupción que hicieron autoridades y miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana, con el cual la empresa pretende operar la mina, ubicada en San Martín, Sombrerete.

Hace 11 años, el 31 de julio de 2007, el SNTMMSYSRM inició sendas huelgas en San Martín, Taxco y Cananea para exigir condiciones de seguridad e higiene que evitaran tragedias como la ocurrida un año antes en Pasta de Conchos, Coahuila, también propiedad de Grupo México, en donde murieron 65 carboneros.

Tras más de una década de huelga, el 28 de febrero de 2018, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocó a una votación para determinar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en San Martín, resultando ganador el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana con 262 votos, contra 150.

Nahir Velasco, representante Jurídico del SNTMMSYSRM, detalló este viernes que luego del recuento de votos que no les favoreció, presentaron un recurso de inconformidad ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.

Falló a su favor dicha instancia, por lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un documento en el cual deja sin efecto el laudo que da la titularidad del contrato colectivo al otro sindicato.

Esa determinación afianza la continuación de la huelga, que fue iniciada por 483 mineros, de los cuales siguen en pie de lucha 175, en tanto que el resto ha renunciado a la empresa.

Velazco enfatizó que la toma de la mina fue ilegal, y más aún el hecho de que haya sido apoyada políticamente y con fuerza de seguridad por las autoridades del municipio, gobierno del Estado y Federación.

Adelantó que el sindicato presentará recursos administrativo, penal y laboral contra los funcionarios que permitieron la reapertura de la mina, porque no es su facultad y además incurrieron en desacato a una orden judicial.

Consideró que estas medidas son por la desesperación de Grupo México debido a que cambiará el gobierno federal y el líder nacional del SNTMMSYSRM, Napoleón Gómez Urrutia, actualmente autoexiliado en Canadá por presunta persecución política, regresará al país como senador.

 

Ingresaron a la mina con militares y policías
Miembros del Comité de Huelga del SNTMMSYSRM relataron que el 21 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, ingresaron a la mina un camión y 2 patrullas con policías estatales, 2 vehículos del Ejército Mexicano y un camión de turismo, al parecer con antimotines.

Ese arribo de personal de seguridad sorprendió a los mineros que se mantenían vigilantes en sus oficinas sindicales, ubicadas a unos metros, quienes no intentaron intervenir, para evitar una confrontación.

El notario público número 18, Juan José Vacio Castrejón, tomó conocimiento de la reapertura de la mina, lo cual fue condenado por los inconformes, pues aseguran que actuó al margen de la ley.

J. Jesús Jiménez, auxiliar de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTMMSYSRM, condenó esta toma de la mina debido a que se echa abajo “un sacrificio grande” que han hecho decenas de familias por mantenerse en pie de lucha.

 

Quieren evitar una tragedia en San Martín
Jesús Rodríguez Morales, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, recordó que las condiciones en las que trabajaban se asemejaban a las que había en Pasta de Conchos, Coahuila.

Dijo que su líder, Napoleón Gómez Urrutia, denunció que la muerte de los 65 carboneros, cuyos cuerpos aun no han sido rescatados de la mina, había sido un homicidio industrial. A raíz de eso, comenzó una persecución política que lo llevó al autoexilio.

Rodríguez enfatizó que los trabajadores son los más interesados en que se reabra la mina, pero con condiciones dignas; sin embargo, agregó, Grupo México “prefiere contratar amedrentadores asesinos” que intervenir en el mejoramiento de la seguridad e higiene.

Condenó la actuación de Ignacio Castrejón y Alejandro Tello, presidente municipal de Sombrerete y gobernador de Zacatecas, respectivamente, a quienes acusó de prestarse a Germán Larrea, empresario considerado el segundo hombre más rico de México.

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