Domingo 18 Agosto 2019

Enfrentan 11 exfuncionarios procesos de responsabilidad administrativa

Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública, informó ante el pleno de la 62 Legislatura que durante este primer año de gobierno se emitieron 370 resoluciones de auditorías.

39 corresponden a la empresa Quálitas y 34 a servidores y exservidores públicos de las secretarías de Finanzas, Educación, Infraestructura y Salud, la anterior Dirección de Tránsito y Vialidad, el Colegio de Bachilleres y la Procuraduría General de Justicia.

Están en proceso 46 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de 11 funcionarios del sexenio anterior: 6 secretarios, de los cuales uno de ellos tiene 13 procedimientos, 4 directores generales y un subsecretario, que tiene 17.

De igual forma, están en proceso 16 procedimientos en contra un director general y 3 secretarios de la actual administración, de los cuales uno tiene 12 procedimientos, expresó la funcionaria al comparecer en la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Alejandro Tello Cristerna.

Ortiz Medina destacó que la dependencia a su cargo está enfocada a la fiscalización del ejercicio del gasto público y la aplicación de sanciones correctivas, así como a la prevención y participación social en este ámbito, vértices que impulsan el desarrollo del eje Gobierno Abierto y de Resultados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Dicho eje plantea el establecimiento de un modelo de gobernanza que propicie la participación ciudadana en las políticas públicas, en consecuencia elaboraron un Plan Estratégico Anticorrupción, basado en transparencia e innovación, mejora de la gestión, fortalecimiento institucional y participación ciudadana.

Como parte de la Comisión Jurídico Consultiva del Sistema Nacional de Fiscalización, esta Secretaría elaboró un Prontuario para la Aplicación de Procedimientos de Responsabilidad al amparo de la Ley General de Responsabilidades.


Avances en transparencia
Paula Rey Ortiz Medina manifestó que, con la finalidad de transparentar las contrataciones públicas, transmitieron en tiempo real 262 licitaciones de adquisiciones y 296 de obra pública.

Destacó que Zacatecas es una de las primeras entidades en cumplir con la obligación de subir a la Plataforma Nacional de Transparencia el 100 por ciento de la información gubernamental.

La revista e-Gob, agregó la funcionaria, otorgó el primer lugar nacional al Portal del Gobierno del Estado, después de que fue rediseñado y alimentado por las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo, el que cuenta con 771 mil 127 visitas y 219 mil 279 usuarios.

Subrayó que la administración de Alejandro Tello fue reconocida por el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana porque todo el Gabinete presentó la Declaración 3 de 3.

El 3 de marzo el Gobierno del Estado suscribió un acuerdo con la SFP federal para la transferencia del Sistema Declaranet Plus, lo que permitirá homologar la información de declaraciones de situación patrimonial con la federación, detalló la funcionaria.

El acuerdo es para ya que el sistema nacional anticorrupción establece que hasta en tanto el comité nacional anticorrupción emita los formatos y lineamientos correspondientes, se utilizarán los emitidos por la Federación.

Señaló también que la SFP impulsó y coordinó la conformación de 50 comités de Control Interno en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y capacitó a 150 servidores públicos sobre el Modelo Integrado de Control Interno que guiará a una administración pública más eficaz y eficiente.


Cuestionamientos de diputados
Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), le pidió a la secretaria de la Función Pública informar sobre los casi 1.000 asuntos que se tienen en revisión sobre desvío de recursos y mal manejo administrativo, y el por qué no se les ha fincado castigo alguno.

Asimismo, pidió información sobre el fincamiento de responsabilidades a la ex funcionaria que se vio involucrada en denuncias por maltrato de menores en casas estatales.

Samuel Reveles Carrillo, también del PT, cuestionó a la secretaria de la Función Pública sobre el programa Formando Ciudadanía, que se implementa desde esta dependencia.

Santiago Domínguez Luna, Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó a Paula Rey Ortiz información sobre los casos específicos en que se está actuando, y cuáles son los pasos a seguir por parte de la ciudadanía para denunciar casos de corrupción.

Omar Carrera Pérez, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le solicitó a la funcionaria nombres y tiempo de inhabilitación de ex funcionarios señalados en actos de corrupción.

Guadalupe Isadora Santivañez Ríos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió a la secretaria de la Función Pública información sobre cuántos funcionarios ha sancionado y por qué motivos.

Arturo López de Lara, de Acción Nacional (PAN), le solicitó información sobre los procedimientos de revisión de empresas contratadas por parte del gobierno del Estado, así como los órganos internos de control que aún no se nombran en las dependencias.

Norma Angélica Castorena Berrelleza, del PRI, le pidió a Paula Rey aclarar la situación de sobre precios en la adquisición de equipos y medicamentos en el sector salud. Requirió detalles sobre las inhabilitaciones de algunos funcionarios.

Iris Aguirre Borrego, de Encuentro Social, le pidió información sobre las acusaciones que versan sobre el secretario del Migrante por parte de algunas federaciones de clubes.

Osvaldo Ávila Tizcareño, del PRI, solicitó a Paula Rey dar a conocer a la asamblea, los convenios de colaboración que se tengan con diferentes dependencias y organismos para perseguir y sancionar actos de corrupción. De igual forma, le pidió información sobre la plataforma Zacatecas Transparente.

Lorena Oropeza Muñoz, del PAN, le pidió a la secretaria de la Función Pública detallar qué es lo que falta para que actúe en contra de los ex funcionarios de gobierno, sobre todo luego de que los actuales secretarios han detallado a lo largo de las comparecencias que se han registrado, los actos de irresponsabilidad que se cometieron en contra de la administración pública del Estado.

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