María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), aseguró que las declaraciones que el gobernador Alejandro Tello Cristerna hizo sobre la queja se deben a que él la desconoce.

Este miércoles el mandatario estatal respaldó a la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, quien rechazara la recomendación que se le hiciera por violaciones a los derechos humanos de los habitantes del poblado perteneciente a Mazapil.

Domínguez Campos informó que en el expediente del caso del desalojo de varias familias de la comunidad de Salaverna está "plenamente acreditada la actuación arbitraria" de las autoridades.

Recordó que los hechos que originaron esta recomendación fueron que personal de la Secretaría general de Gobierno, la Dirección de Protección Civil, elementos de la policía Estatal y Ministeriales actuaron de manera indebida para desalojar la comunidad y demoler varias casas y recintos públicos, como la escuela y la iglesia.

Indicó que las evidencias de estas anomalías en el actuar son muchas, desde vídeos, declaraciones de los habitantes e incluso de lo que observaron los visitadores de la CDHEZ que fueron testigos de los hechos.

Sin órdenes de un juez
Luz Domínguez mencionó que las autoridades gubernamentales actuaron fuera de la ley porque no presentaron órdenes de un juez en los siguientes casos:

• Demoler las casas o las otras construcciones
• Entrar a los domicilios y sacar a las personas o sus pertenencias (intromisión)
• Obstruir los accesos de comunicación a la comunidad

Dijo que los elementos de la policía municipal y estatal bloquearon el paso para que los habitantes no salieran de la comunidad a pedir apoyo; tampoco permitían entrar ni a la prensa ni al personal de la comisión.

Explicó que estas 3 anomalías en las acciones del pasado 23 de diciembre de 2016 constituyen violaciones a los derechos humanos de los habitantes, por lo que se emitió una recomendación.

Se pide a las autoridades que indemnicen a los afectados y restituyan el daño, lo cual se niega a aceptar Fabiola Torres, quien en entrevistas pasadas indicó que el gobierno no indemniza y que carece de recursos para resarcir los daños por lo que no aceptaría la recomendación.

Domínguez Campos dijo que "son innegables los hechos violatorios" y reiteró que la Ley para la Atención a Víctimas en el estado faculta a las autoridades a tener recursos para apoyar en estos casos.

Recordó que en el caso de Salaverna se acredita el desplazamiento forzado de los habitantes por razones del proyecto minero que en esa zona se quiere realizar.

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