Para exigir una indemnización y apoyo para vivienda, se manifestaron en el Congreso del Estado ciudadanos que habitaban jacales destruidos la víspera por autoridades municipales en la colonia Ampliación Minas, en el Cerro de San Simón de Guadalupe.

Enrique Trejo, uno de los afectados, reprobó que no se les dio permiso para sacar sus muebles, ropa y documentación, pese a que habían llegado a un acuerdo con el alcalde Enrique Flores Mendoza, para que se respetaran 809 metros para 10 familias.

En conferencia de prensa, afirmó que eran 5 las familias asentadas en ese predio, que se han quedado sin ropa, sin pertenencias y sin un lugar para vivir.

Una de las afectadas exigió que las autoridades les paguen sus muebles y láminas, reducidas a escombros con maquinaria de la presidencia municipal, tras el desalojo ocurrido el jueves.

Los afectados reprobaron que no se les mostró alguna orden judicial que acreditara la propiedad de dicho terreno en favor del ayuntamiento, ni hubo un aviso previo para las familias.

Relataron que estos terrenos fueron parte de un acuerdo entre autoridades estatales y organizaciones sociales en la década de los 90, y se entregaron a decenas de familias.

Denunciaron múltiples irregularidades, como la creación de escrituras en terrenos ya asignados legalmente a beneficiarios, de lo cual acusaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Los afectados permanecerán en plantón en el vestíbulo del Congreso, en donde desde el 31 de enero permanece un grupo de ciudadanos en rechazo a los nuevos impuestos estatales y al gasolinazo, y en contra de privilegios de la clase política.

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