Integrantes del Movimiento Independiente conformado por concesionarios y choferes anunciaron que presentaron ante un juzgado federal su inconformidad ante el servicio que da Uber sin contar con una concesión, como marca la ley.

Hasta el momento ya han tenido una pérdida de alrededor de 50% en sus ingresos, tanto para los trabajadores como los concesionarios.

Se señala como autoridades responsables al director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Miguel Rivera Villa, y al gobernador Alejandro Tello Cristerna, informó Rocío Maldonado, representante de los taxistas.

Dio lectura del acto reclamado, en el que se señalan omisiones a la aplicación de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas y de su reglamento al permitir que Uber preste un servicio de transporte público.

Indicó que en su artículo 22 "se entiende por transporte público los destinados al transporte de personas o cosas mediante concesión otorgada por el gobernador".

Igualmente, señaló que el artículo 9, en su fracción segunda inciso b, habla del reglamento que indica que "únicamente prestará el servicio de transporte público quienes tengan una concesión", ya sea de pasajeros o carga mediante una tarifa a usuarios que lo soliciten.

Uber está prestando el servicio de transporte público sin una concesión, por lo que se sienten "agredidos y perjudicados", dijo Rocío Maldonado, quien indicó que los choferes son los más afectados.

Recordó que esta inconformidad ya se presentó ante las autoridades estatales e incluso se realizó una mesa de trabajo en la que se abordó el tema, sin embargo no se obtuvo solución.

Pidió unir fuerzas a ciudadanos y sindicatos que se sientan perjudicados con este servicio, y que también presenten sus solicitudes de amparo, como en su caso, del que darán a conocer el seguimiento que se le vaya dando.

Roque Velázquez, otro de los representantes de los taxistas, dijo que el acuerdo al que se llegó con Miguel Rivera fue que se actuaría contra Uber porque la empresa presta un servicio de manera desleal fuera de la ley.

Aunque en un principio se observó el compromiso del funcionario para actuar, desafortunadamente "arriba de él hay gente que lo manda y estamos viendo que él no puede solo", dijo.

Señaló que Zacatecas es un estado pobre y "no da para tanto" en el sentido de poder mantener ambos servicios y la situación se está saliendo de control.

Reconocen deficiencias en servicio
Roque Velázquez expresó que están conscientes de la gran inconformidad que hay en la sociedad zacatecana en el servicio de taxis, pero están trabajando por mejorar en su calidad.

Aunque sus condiciones no dan para comprar un coche nuevo y su herramienta de trabajo muchas veces es un "tsurito", sí pueden tomar medidas para dar mejor servicio, como ser amable, tratar bien a los clientes, no hacer cobros excesivos, traer los vehículos limpios y andar uniformados.

Exigen a diputados revisar lagunas en Ley de Tránsito
El líder transportista exigió a los diputados locales debatir sobre el tema, ya que están "dormidos en sus laureles" y "cruzados de brazos" sin ver por el pueblo de zacatecas y sus intereses.

Indicó que no han visto una declaración de la diputada María Guadalupe González Martínez, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, a quien pidió retomar el tema y sumarse a la mesa de trabajo que mantienen con las autoridades.

"Sabemos que no va a ser posible sacar totalmente a Uber, pero si buscar la forma de que se reglamente y que en base a un estudio técnico se regule en base a las necesidades de Zacatecas", expresó Velázquez

También Rocío Maldonado reconoció que Uber es una empresa que como cualquier otra puede competir, pero piden que se reglamente, que haya un registro de esos vehículos.

Ante la creciente inseguridad ellos están identificados y se reconocen unos a otros, en cambio los autos de Uber son de reciente modelo que no pueden identificar y están prestando un servicio público.

Además, uno de estos autos de alquiler puede cobrar menos que un taxi pero también se pueden hacer cobros excesivos, como dijo que ya ha sucedido, pues incluso a una persona le llegó un cobro de 10 mil pesos a su tarjeta de crédito tras solicitar el servicio.

Hay muchas lagunas en el reglamento de Tránsito y no se adecua al caso que existe ahora con Uber, no tiene elementos para detener a un vehículo que preste este servicio porque sería ilegal, lamentó Rocío Maldonado.

A través de un juez federal, sin embargo, este sí puede ordenar a la autoridad responsable que detenga a este tipo de vehículos, indicó.

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