Por presuntas violaciones de derechos fundamentales en perjuicio de los trabajadores docentes, el Supdacobaez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington D.C., una denuncia en contra del Estado.

Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), informó que se emprendió el camino jurídico para combatir lo que consideró se trasgredía los derechos adquiridos de sus maestros representados.

Iniciaron primero un juicio de amparo en la ciudad de Zacatecas; posteriormente en Cholula, Puebla, y después en la Ciudad de México.

Esto, ante la entrada en vigor el pasado 11 de septiembre de 2013 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás leyes reglamentarias del artículo tercero constitucional.

Señaló que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera criterios que desecharon los miles de amparos interpuestos en el país, en enero se resolvió en definitiva y en contra, los recursos legales interpuestos por el sindicato sobre esas nuevas disposiciones legales regresivas.

Por tal motivo, el dirigente sindical, junto con el secretario de Asuntos Jurídicos, Sergio Antonio Correa Pacheco, y del secretario de Acción Política Sindical, Gustavo Menchaca Fajardo, se presentaron en Washington, a fin de exponer ante esa instancia internacional una denuncia.

Después de realizar la exposición de hechos y escrito de peticiones ante esa Comisión, el secretario general del Supdacobaez expresó su confianza en que esta acción legal dará resultados favorables en beneficio de los trabajadores docentes del subsistema.

Mencionó que se ha presentado un conjunto de pruebas que acreditarán las violaciones a los derechos adquiridos de los trabajadores.

Conjuntamente con la denuncia, se expuso la necesidad de que ese órgano otorgara medidas cautelares en beneficio y protección de los maestros que han sido amenazados de despido por no presentarse a la evaluación.

Esta medida fue atendida y registrada para su investigación inmediata por el abogado Enzo Marcello Franceschini, miembro del Grupo de Protección de la C.I.D.H., quien refirió a los denunciantes que se trata de la primera denuncia que recibe la Comisión en torno a este tema en contra del estado mexicano.

En dicha denuncia, agregó García Murillo, "destacamos cuestiones medulares como la evaluación docente, misma que no pretendemos ignorar, pero nunca como causal de despidos, así como el respeto a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros".

Con ello "se pretende garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que representamos y proteger los derechos laborales y humanos de cada uno de estos ante cualquier situación o amenaza".

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