Viernes 29 Marzo 2024

Reforma obligaría a pagar en una sola exhibición a los exbraceros

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Legislatura Federal aprobó esta semana un dictamen que reforma diversos artículos a la Ley del Fideicomiso de apoyo social para exbraceros, en el que destaca el otorgamiento de los 38 mil pesos por beneficiario en una sola exhibición.


La diputada federal Claudia Edith Anaya Mota aseguró que era impostergable la necesidad de actuar en beneficio de este grupo vulnerable con el objetivo de obtener suficientes para poder finiquitar este compromiso.

La iniciativa de reforma fue presentada el jueves, se turnó en sesión ordinaria a comisiones para ser dictaminada y posteriormente quedaron aprobadas las reformas a los artículos 3 y 5 de esta normatividad, que pasará al Senado para su discusión.

La reforma contempla la creación de un comité técnico integrado por un representante del Poder Ejecutivo Federal, de la secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Gobernación, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de la Función Pública, así como un invitado permanente del Poder Legislativo, encargado de vigilar, seleccionar y dar seguimiento a los trámites de los posibles beneficiarios.

El otro artículo señala la elaboración y contemplación de las bases y procedimientos para que la entrega del apoyo social sea por una sola vez y por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición.

“Con lo que se hecha abajo la decisión del Ejecutivo Federal, tomada el pasado 29 de junio de 2009, en el sentido de que el importe de apoyo social sea pagado en exhibiciones parciales anuales”, indicó la legisladora perredista.

Los artículos transitorios Cuarto y Quinto también fueron aprobados en este dictamen y refieren los plazos para la conformación del comité y el pago a los extrabajadores migratorios, quedando de la siguiente manera: 60 días a partir de la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, para que el Congreso designe a su representante.

Y 180 días, contados a partir de la misma publicación, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgue el apoyo social establecido”, informó Anaya Mota.

Así mismo, la comisión dictaminadora consideró conveniente introducir reformas a la fracción I del artículo 2 y al primer párrafo del artículo 6 para subsanar la omisión de no considerar a muchas parejas que viven en concubinato, así como la falta de hijos o hijas, para lo cual pudieran existir legítimos herederos del beneficio económico.

Por otro lado, la también presidenta de la Comisión Especial contra la Discriminación, se sumó al rechazo a la Ley Anti migratoria aprobada en el estado norteamericano de Arizona, toda vez que atenta contra la enmienda cuatro, que prohíbe las detenciones arbitrarias, y que además los tribunales en ese país, han determinado reiteradamente que la autoridad competente para regular y aplicar leyes inmigratorias son de competencia exclusivamente del gobierno federal.

“Diversos sectores de la sociedad estadounidense, entre ellos académicos y organizaciones no gubernamentales, han señalado que esta ley es inconstitucional, por que además de carecer de respeto a los derechos fundamentales que deben asistir a toda persona, es una norma que invade facultades, ya que con ella, Arizona pretende crear su propia política respecto a la inmigración”, señaló Claudia Anaya.

En este sentido la coordinadora de los diputados zacatecanos, comentó la urgencia de que los países denominados como potencias económicas, adquieran compromisos reales con el respeto de la dignidad de las personas.

“Pues deben – dijo- signar documentos de índole internacional, que hagan exigibles estos derechos en sus respectivos territorios; y sobre todo, que reconozcan el trabajo de miles de personas que contribuyen al fortalecimiento económico  de sus países”.

Finalmente Anaya Mota, refirió que cada año, miles de mexicanos cruzan las fronteras internacionales de manera indocumentada, exponiéndose con ello a múltiples formas de explotación, que se traducen en violaciones a sus derechos fundamentales.  

“Situación  que se agrava ante la indiferencia de los países que, si bien hacen uso y se benefician de esa mano de obra ilegal, se muestran indiferentes ante las violaciones de los derechos de los inmigrantes; llegando incluso, a promover leyes que fomentan el odio y la criminalización contra este sector social”.