Lunes 14 Octubre 2019

Van contra la UAZ; ocultó datos sobre jubilaciones

El pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) notificó a las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) el inicio de un proceso de sanción en contra de quien o quienes resulten responsables por violar la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado al no entregar datos solicitados por un ciudadano a través del sistema Infomex.


El secretario ejecutivo de la CEAIP, Víctor Hugo Hernández Reyes, entregó al Consejo y al Tribunal universitarios una notificación donde se solicita la sanción en contra de quien o quienes resultan responsables por incumplir la ley de transparencia al no entregar en forma completa datos que había pedido un ciudadano referentes a los nombres de docentes o funcionarios que vendieron sus derechos de jubilación.

La notificación emitida por el pleno de la Comisión, integrado por el presidente del organismo, Jesús Mendoza Maldonado, y los comisionados Juana Valadez Castrejón y Jaime Cervantes Durán, informa que con base en los expedientes RR-010/2010, 011-2010 y 012-2010, la autoridad no entregó la información completa que está obligada a otorgar de acuerdo a los artículos 4, 5, fracciones V y IX, 7 fracciones III y IV y 9 fracción V de la ley de transparencia.

El hecho se desprende de una solicitud presentada por un ciudadano a través del sistema Infomex, en la cual el 14 de diciembre de 2009 pidió la lista de maestros y jubilados a quienes las autoridades de la UAZ compraron sus jubilaciones, a lo cual la Unidad de Enlace respondió el 26 de enero que fueron erogados alrededor de 52 millones de pesos para la compra de derechos de jubilación, dentro de un programa de fondos federales que sólo se aplicó en el año 2008.

El 10 de febrero el solicitante presentó una denuncia ante la CEAIP bajo el argumento que sólo recibió los montos que se destinaron a las Unidades Académicas pero se omitió el nombre de los beneficiados, por lo que el 10 de marzo el pleno de la CEAIP, después de analizar el caso, resolvió que los nombres de las personas entre quienes se distribuyeron 52 millones de pesos es pública, toda vez que los fondos provienen de los impuestos que paga la sociedad, por lo que solicitó al rector Francisco Javier Domínguez Garay para que en un plazo no mayor a 5 días entregara los datos omitidos.

El 18 de marzo, el contralor de la universidad, José Said Samán Zajur, informó mediante el oficio 058/2010-UE que la información había sido entregada al ciudadano por correo electrónico, sin embargo tres días después el solicitante volvió a entablar otra denuncia bajo el argumento que sólo le informaron que la distribución de los montos se hizo en un solo pago a 31 docentes o funcionarios, pero se omitió el nombre de los beneficiados.

Al respecto, el comisionado presidente de la CEAIP, Jesús Mendoza Maldonado, dijo que la entrega de datos parciales y el desacato a las resoluciones son un incumplimiento a la norma, por lo que se notificó al Tribunal y al Consejo universitarios el inicio de una sanción en contra de quienes resulten responsables.

Señaló que en menos de un año es la segunda violación a la ley de transparencia en la que incurren las autoridades universitarias, pues el otro caso, referente a pagos hechos a exrectores, se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

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