Diputados priístas propusieron en la Legislatura local regular los intereses que cobran empresas y personas usureras que se aprovechan la crisis y el bajo poder adquisitivo de las familias.

El instrumento legislativo propone incrementar la penalidad mínima por el delito de agio a un año y la máxima a 8 años de prisión, aumentando también la multa a un rango de entre 150 y 300 cuotas.
Asimismo, se propone modificar la disposición fijando una tasa fija de interés del 24 por ciento anual, como requisito para que se configure el delito de usura.

En el Código Civil se propone reducir la tasa legal para los contratos de mutuo con interés a 9 por ciento anual, y una tasa fija máxima del 24 por ciento anual para fijar el interés convencional de este tipo de contratos.

Además, se combate de una forma más integral la usura, al fijarse la misma tasa límite establecida en el Código Penal para tipificar este delito.

En la exposición de motivos se dijo que empresas y personas aprovechan la época de crisis en función de elementos como la recesión económica mundial, la precariedad en el empleo y el desempleo abierto, los bajos niveles de los salarios y su poder adquisitivo.

Son víctimas de los agiotistas tanto familias de nivel medio y bajo como en campesinos, micro y pequeños comerciantes e industriales.

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