Jueves 28 Marzo 2024

Exigirán destitución del contralor, si no encuentran irregularidades señaladas

El Congreso del Estado revisará este mes la cuenta pública de la pasada administración y las supuestas irregularidades en el gobierno de la exmandataria Amalia García Medina.

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Ángel Gerardo Hernández Vázquez, advirtió que de no encontrarse las presuntas faltas denunciadas por el contralor Guillermo Huizar Carranza, se exigirá su renuncia.


Añadió que en caso de que el contralor haya utilizado la información para el desprestigio político, los diputados también irán por su “cabeza”, por tratarse de un trabajo sucio.

En cuanto a la implicación de exfuncionarios por desvío de recursos u otros casos, aseguró que habrá sanciones resarcitorias, así como juicios políticos, que están tipificados en la ley y que serán aplicados por la Legislatura contra quien resulte responsable.

Hernández Vázquez señaló que el retraso en la revisión de las cuentas públicas municipales e incluso en la estatal se debe a una irresponsabilidad pues “sabemos que las anteriores legislaturas han negociado beneficios para algunos exalcaldes”; sin embargo, aseguró, ésta es una de las más productivas.

En lo referente a la cuenta pública del estado, subrayó que se harán las observaciones necesarias y se fincarán responsabilidades aplicando todo el peso de la ley.

Irregularidades detectadas por la Contraloría
El pasado 24 de noviembre fueron detectadas más de 28 observaciones por la Contraloría Interna que dirige Guillermo Huizar Carranza y, que a la vez, han sido descubiertas por dependencias federales como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La SFP ha emplazado al gobierno estatal a que regrese a la Tesorería de la Federación 610 millones 658 mil pesos por las irregularidades detectadas, situación que ya fue notificada al actual Gobierno del Estado para que entregue esta considerable suma.

El 14 de junio de 2010, la pasada administración suscribió un crédito con Banamex por 300 millones de pesos, violando la normatividad, la cual se debió pagar el 25 de agosto de ese mismo año, lo que no ocurrió.

Por este incumplimiento se acumularon intereses moratorios por 5 millones 595 mil pesos, además de que las calificadoras Moody’s y Standard and Poor’s derrumbaron la calificación crediticia del Gobierno de Zacatecas y con ello se pusieron en riesgo las líneas de financiamiento.

Asimismo, están documentados préstamos a particulares otorgados desde la Secretaría de Finanzas a distintas personas físicas y morales por un total de 368 millones 300 mil 842 pesos.

 

FOTO: ARCHIVO

 

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