La presidencia de Zacatecas interpondrá un juicio político contra la contralora Norma Julieta del Río Vanegas, debido a que hizo públicas las notificaciones para sancionar a cuatro funcionarios antes de notificar al ayuntamiento.

El secretario del Ayuntamiento, Alfredo Cid García, consideró que la contralora no puede pretender aplicar la ley cuando ella misma la desacata.

Afirmó que la funcionaria se puede hacer acreedora a un juicio político por dar a conocer de manera pública, a través de una conferencia de prensa, un dictamen antes de darlo a conocer a los funcionarios y el ayuntamiento de Zacatecas, quienes son los involucrados.

El secretario dijo que con dicha acción se violó el artículo 5, fracción sexta, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Agregó que la Contraloría debió haber dictaminado sus resultados hace 57 días, dado que la Audiencia se celebró el 25 de mayo y la fecha para el vencimiento de la resolución era el 7 de julio, de forma que también se violó el artículo 36 de la citada ley.

Cid afirmó que parece que hay una consigna o trasfondo político al hacer el anuncio de esta manera y no respetar los procedimientos, ya que la notificación era información reservada.

Por su parte, la contralora respondió que no se infringió ninguna normatividad; “no voy entrar en juego mediático”, dijo.

La funcionaria señaló que actuó conforme a derecho y que espera que este miércoles sea notificado el ayuntamiento y los cuatro funcionarios, contra los que se debe proceder por las irregularidades en el contrato de arrendamiento de las luminarias.

En cuanto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad del informe de la Auditoría Superior del Estado, Alfredo Cid indicó que este órgano favorece al ayuntamiento.

Explicó que el recurso se interpuso en el máximo órgano de justicia del país era porque la Auditoría se excedía en sus funciones, al decirle al ayuntamiento cómo ejercer sus recursos y, de no acatar las disposiciones del ente fiscalizador, serían sancionados varios funcionarios por daño al erario público.

La Suprema Corte dictaminó que la Auditoría se excedía en este aspecto, pero en otros tres –donde la Auditoría encontró irregularidades y responsabilidades de varios funcionarios, entre ellos el alcalde- no dictaminó a favor.

Sobre esos tres asuntos, que involucran a cinco servidores públicos, la Contraloría determinó que deben realizarse sanciones contra la síndica Consuelo Argüelles y el alcalde Cuauhtémoc Calderón Galván.

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