Este lunes fue aprehendido uno de los 53 reos fugados hace un año del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cieneguillas, Zacatecas, con lo que suman ocho los detenidos, seis más han muerto en enfrentamientos con fuerzas de seguridad pública.

El 16 de mayo de 2009 un comando armado, cuyos integrantes vestían uniformes de policías federales y pertenecían presuntamente al grupo Los Zetas, liberó a 53 reos, 26 del fuero común y 27 del fuero federal.

A un año de los hechos, ocho han sido recapturados. La aprehensión más reciente fue este lunes, en Zapopan, Jalisco, cuando elementos del Ejército detuvieron en una vivienda a José Alfredo Beltrán Lugardo, quien tras un año de evadir a la justicia regresará a la cárcel.

Seis de los prófugos han fallecido en enfrentamientos. Uno de ellos fue Jesús Trujillo Martínez, “El Medio Kilo”, quien murió cuando le estalló una granada en la mano, en un enfrentamiento con policías ministeriales en Silao, Guanajuato, el 21 de octubre del 2009.

Unos días antes, dos de sus compañeros fugados del Cereso también murieron en un enfrentamiento en Apaseo, Guanajuato. Ellos eran José de Jesús López Leija, “El Burro”, y Mario Nieto Ruelas, “El Instantáneo”, quienes fallecieron junto a otros 12 sicarios cuando se resguardaban en una casa de seguridad, que fue rodeada por corporaciones federales y estatales.

Aunque no se tiene información sobre las causas o circunstancias de su fallecimiento, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de Infomex, informó que también murieron Fidel Aros Quintero, quien había sido detenido porque transportaba en un vehículo cocaína, y Francisco Navarro Flores.

En Zacatecas durante un enfrentamiento con militares el 8 de junio de 2009, en San Jerónimo, Guadalupe, falleció Manuel Batres Miranda, junto con otro sicario.

Otro de los exinternos que murió en enfrentamientos con corporaciones policíacas fue Eduardo López Treviño, quien perdió la vida en una balacera en Santiago, Nuevo León.

Regresan a la cárcel
El 1 de junio de 2009, en un rancho de San Luis Potosí, se detuvo a Pedro Olivares García, quien vigilaba una finca con un gran arsenal de armas usadas por narcotraficantes.

El 4 de junio de 2009, agentes de la Policía Federal recapturaron en Hidalgo a Marcos Espinoza Muñoz, “El Negro”, y a Osvaldo García Delgado, “El Vampiro”, mientras se transportaban en camionetas de lujo junto a otros hombres armados.

Durante los interrogatorios, Osvaldo García relató que luego de salir del Cereso los reos se trasladaron vigilados por un helicóptero y en camionetas con torretas encendidas hasta Salinas, San Luis Potosí.

También refirió que varios de los internos evadidos se trasladaron a Guanajuato, lo que explica que en este Estado se haya realizado el mayor número de detenciones o muertes.

El 23 de septiembre de 2009 fue detenido Juan Serna Pimentel y Homero Cerros Miramontes, quienes luego de su fuga del Cereso se habían integrado a una peligrosa banda de secuestradores en Aguascalientes, donde fueron aprehendidos.

Ricardo Rodríguez Lara, presunto líder de Los Zetas en Guanajuato, fue detenido en una casa de seguridad el 3 de febrero de 2010; en este mismo Estado se detuvo a Sebastián Aviña Vargas, también reo fugado.

A Édgar Fabián Granados Medina se le reaprehendió cuando fue detenido por la policía municipal de Jerez, debido a que en estado de ebriedad hacía escándalo en la vía pública; al estar encerrado los agentes municipales se percataron de que quien estaba en los separos era el mismo que aparecía en una de las fotografías de los 53 reos fugados.

Santiago Hernández Naranjo, quien orquestó la fuga, no ha sido detenido, al igual que ninguno de los que están en la lista de los 11 reos más peligrosos, y que son buscados por la Interpol.

También siguen prófugos Jorge Cervantes Rodríguez y Reynaldo Piña Reséndez, quienes habían sido capturados el 22 de enero de 2009 cuando cargaban un camión con costales de mariguana en una deshidratadora de chiles de Cándido Monreal.

La recompensación por información que dé con los reos fugados sigue en pie por la Procuraduría General de la República, que ofrece hasta un millón de pesos por cada uno de ellos y hasta 3 millones de pesos para quien dé información útil, veraz y oportuna para dar con los responsables.

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