Jueves 28 Marzo 2024

Condena “linchamiento público” PGJE en el caso contra hijo de diputado

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Zacatecas exhortó a respetar el principio constitucional de presunción de inocencia en el caso de las acusaciones de extorsión telefónica que pesan sobre un hijo del diputado local Gerardo Romo Fonseca.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia que encabeza Arturo Nahle García recordó que el pasado viernes 1 de abril el doctor Sergio Santoyo Castro presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de extorsión en grado de tentativa en contra de cuatro menores de edad.


El ofendido ha dado diversas entrevistas a medios locales de comunicación, con los detalles de los hechos que él considera como constitutivos de delito.

Sin embargo, aunque la PGJE aún no integra la averiguación correspondiente, públicamente se ha presentado a los menores como responsables de la referida extorsión con los consecuentes daños morales, psicológicos, sociales y hasta escolares.

La Procuraduría enfatiza en el comunicado que los menores presuntamente implicados deben gozar a plenitud del principio constitucional de presunción de inocencia.

Asimismo, menciona que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que a los menores se les debe asegurar un crecimiento y desarrollo pleno e integral, garantizarles la no discriminación y una vida libre de violencia, así como procurarles un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de la ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Corresponde a las autoridades federales, estatales y municipales, asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, indica el comunicado.

Asimismo, destaca que es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

Los procedimientos a los que se someta a una o un adolescente, que presuntamente haya infringido la ley penal, deberán respetar todas las garantías procesales dispuestas en la Constitución, particularmente las siguientes:

  • Garantía de presunción de inocencia, de conformidad con la cual se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario.
  • Garantía de defensa.
  • Garantía de no ser obligado al careo judicial o ministerial.
  • Garantía de contradicción.
  • Garantía de oralidad en el procedimiento.

 

En síntesis, la PGJE condena cualquier linchamiento público a cualquier menor que se encuentre señalado como presunto responsable en cualquier indagatoria.

 

FOTO: ARCHIVO

 

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