Domingo 9 Agosto 2020

Infundado, segundo amparo de la UAZ contra ley de transparencia

Se niegan a informar de los salarios y bonos que recibió Femat y tres exrectores más.

El tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió como infundado un segundo amparo interpuesto por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado.

La institución educativa se resiste a acatar una resolución legal que le obliga a dar a conocer los montos pagados a cuatro exrectores, datos que fueron calificados como “privados” aun cuando dichos montos provienen de recursos públicos.

La resolución fue notificada por el TCA a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) y al ciudadano Ulises Guillermo González, solicitante de la información, a través del número de oficio 2581.

El magistrado Pedro de León Sánchez informó que el segundo amparo promovido por autoridades universitarias en contra de la Ley de Transparencia fue “desechado” al ser infundado y carecer de argumentos legales.

El caso se desprende de una solicitud presentada por un ciudadano el pasado 27 de enero donde pidió comprobantes de ingresos de salario y bonos que recibió el exrector Alfredo Femat Bañuelos durante su gestión 2004-2008.

Solicitó también las jubilaciones que perciben otros tres exrectores, Jorge Hiriart, Virgilio Rivera y Rogelio Cárdenas, información que 9 de febrero fue negada por el contralor Said Samán Zajur como privada para el conocimiento de la población.

El ciudadano presentó una inconformidad ante la CEAIP, organismo que resolvió el 22 de abril bajo el expediente RR-004-2009 que los datos de salarios pagados son públicos y deben de entregarse al solicitante en un plazo de 10 días hábiles.

El abogado general de la UAZ, Miguel Rodríguez Jáquez, promovió dos juicios en contra de la norma de transparencia para no acatarla.

El primer amparo fue presentado por Rodríguez Jáquez y el rector universitario Francisco Javier Domínguez Garay el 18 de mayo del año en curso, el TCA resolvió el litigio el 22 de junio como improcedente.

El argumento fue que las instituciones públicas no pueden presentar recursos contra otras entidades y leyes, pues la función del TCA es atender denuncias de ciudadanos cuando las autoridades vulneren sus derechos.

El segundo amparo fue entablado por el cuerpo de abogados de la universidad pública el 3 de julio, donde se solicitó al magistrado Pedro de León que reconsidere su postura y acepte el juicio para mantener los salarios de los exfuncionarios como privados.

Sin embargo, esta semana el TCA notificó a través del expediente 115/2009 que el segundo juicio es infundado y carece de sustento legal.

Ante el desacato a la ley estatal, el solicitante, con el apoyo de la asociación civil Fundar, presentó en el Juzgado Federal Primero de Zacatecas, un amparo en contra del rector Domínguez Garay, el abogado Rodríguez Jáquez y el contralor Samán Zajur.

El argumento es que violaron el artículo sexto de la Constitución al no acatar una resolución, violar la Ley de Acceso a la Información y clasificar como privados pagos efectuados con el pago de los impuestos de la sociedad.

El litigio podría resolverse a nivel federal en las próximas semanas, cuando el juez dicte sentencia.