A las 11 de la mañana del martes, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezado por el director de Averiguaciones, Alberto Gaytán, se presentó en la tienda de materiales Pisos y Azulejos, ubicada en la calzada Luis Moya, frente a la agencia cervecera Carta Blanca, en atención a una denuncia ciudadana de que en ese lugar había autos robados.
Los agentes policiacos estatales entraron a la bodega y se llevaron 17 automóviles Nissan Tsuru, modelo 2010, los cuales presuntamente habían sido robados hace cinco meses de un camión nodriza, en Coahuila.
También se llevaron un camión de pasajeros de lujo y otro autobús con el logotipo del conjunto musical Comando Norteño, los cuales también se encontraban dentro de la bodega.
En el operativo participaron elementos de la Policía Ministerial, Estatal Preventiva y Tránsito del Estado, quienes portaban armas y algunos estaban encapuchados.
El dueño del inmueble, Hugo Díaz, dijo que los vehículos tenían 10 días en su bodega y fueron facilitados por empresarios para la campaña de la Alianza Primero Zacatecas, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
Relató que los elementos policiacos le dijeron que había una denuncia de autos robados en su propiedad, pero al estar seguro que se tenían los documentos que comprueban su legalidad permitió la entrada, sin esperar que se los llevaran.
Presentan queja ante la CEDH y piden intervención externa
Al lugar llegó Adolfo Yáñez, coordinador de campaña del candidato a gobernador Miguel Alonso Reyes, y el candidato a presidente municipal de Guadalupe, Clemente Velázquez Medellín.
Militantes y candidatos de la alianza, acompañados por los abogados del PRI, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja contra las autoridades estatales.
En conferencia de prensa, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Esaú Hernández, informó que los vehículos sustraídos fueron prestados por empresarios que apoyan a la Alianza Primero Zacatecas.
Aseguró que se tienen las facturas de las unidades, así como un contrato de comodato para que se usen en la campaña, por lo que fueron objeto de un trato “que sería digno del delincuente más buscado en el país”.
Indicó que se pedirá la presencia de organismos internacionales en el proceso electoral, ya que “no tenemos confianza en el gobierno del Estado, no es sólo una elección de Estado sino dispuesto a no tolerar la democracia”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de Miguel Alonso expresó que se está “ante una crisis democrática”, por lo que este miércoles acudirán diputados locales priístas, acompañados de candidatos, al Senado de la República para denunciar las arbitrariedades que se están cometiendo.
Explicó que los vehículos se dieron en comodato por empresarios, quienes a su vez los adquirieron en Osaka Motors, que es una arrendadora de Monterrey.
Adolfo Yáñez dijo que cuando se realizaba el operativo se mostraron a los agentes las facturas y pólizas de seguros, además que los vehículos tienen en el medallón trasero un permiso en el que las propias autoridades estatales les permiten circular mientras se obtienen las placas.
Agregó que, de acuerdo con las versiones de Alberto Gaytán, se presentó una denuncia de manera anónima y vía telefónica, pero “no mostró copia de la denuncia o una orden de cateo para el operativo y sacar de manera ilegal los vehículos”.
El coordinador de campaña mencionó que eran 14 las unidades que fueron decomisadas, y al ser cuestionado por las tres restantes, dijo que se estaba integrando su documentación, como facturas y permisos.
Subprocurador de procedimientos desconocía el operativo
Después de la conferencia, los priístas se trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se entrevistaron con el subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales, José Luis Aparicio, quien les dijo que desconocía el operativo.
Luego de una discusión de más de una hora con el funcionario, en la que no se logró arreglar nada, Esaú Hernández y otros miembros decidieron permanecer en las instalaciones de la Procuraduría hasta que llegara su titular, Ambrosio Romero Robles, para exigirle cuentas.
Los abogados advirtieron que se podían tener consecuencias legales contra los funcionarios que ordenaron el operativo por la violación de derechos.
FOTOS: LEONARDO MORENO