Eduardo Ruiz Fierro es acusado de tráfico de influencias e irregularidades en el manejo de 241 millones 352 mil pesos en el sexenio de Amalia García Medina.
A las 10:05 de la noche llegó a las instalaciones de la Policía Ministerial el exfuncionario proveniente de la Ciudad de México, donde fue detenido luego de que el pasado sábado 11 de febrero un juez girara orden de aprehensión en su contra.
El expediente que elaboró la Procuraduría de Justicia de Zacatecas integra una serie de irregularidades cometidas en varios contratos donde se viola la ley, además de que se le responsabiliza de la desaparición de documentos de compras.
La detención se realizó por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la tarde de este martes.
En un principio se especuló que fue localizado porque iba acompañado de otra persona, quien transportaba un maletín con dinero y al hacerse la revisión se encontró que había una orden de aprehensión contra Ruiz Fierro.
Custodiado por tres elementos de la Policía Ministerial, el exservidor público entró a las instalaciones de la Policía Ministerial para que rindiera su declaración.
Mañana a las 9 de la mañana se tiene programada una audiencia en el Cereso de Cieneguillas para desahogar el caso.
Relación de los hechos
El 2 de junio de 2011 el contralor interno de Gobierno del Estado, Guillermo Huizar Carranza, presentó denuncia penal contra Ruiz Fierro y otros exfuncionarios -al menos 2- por su probable participación en hechos de abuso de autoridad, delitos cometidos en la custodia de documentos y ejercicio indebido de funciones públicas.
7 meses duró la averiguación por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que comprobó los hechos en 45 tomos, con más de 50 testimoniales diligenciales en varios estados, donde están establecidos los domicilios fiscales de los proveedores, así como dos dictámenes periciales en materia contable.
El 11 de febrero el juez de Garantía y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de la capital giró orden de aprehensión en contra de Eduardo Ruiz por el delito de tráfico de influencia y negociaciones ilícitas cometido en agravio del Gobierno de Zacatecas.
En su resolución el juez determinó que los imputados en su carácter de servidores públicos y en ejercicio de sus funciones llevaron a cabo una serie de actos para otorgar contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios mediante la adjudicación directa, cuando esto no les estaba permitido por la normatividad por los montos manejados, además de que tampoco justificaron sus acciones.
Otras de las anomalías es que dejaron de elaborar contratos por escrito, no realizaron cotizaciones previas y tampoco exigían las garantías a las que estaban obligados los proveedores.
El juez de Garantía negó la orden de aprehensión por ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad, en virtud de que las conductas son abarcadas en el delito de tráfico de influencia y negociaciones ilícitas, que es por lo que fueron detenidos.
Irregularidades por las que acusan a exfuncionarios
En el expediente elaborado por la Procuraduría constan las siguientes irregularidades cometidas presuntamente por Ruiz Fierro y otros exfuncionarios, cuyos nombres se mantienen en reserva:
1.- Desaparecieron 11 expedientes relativos a igual número de adquisiciones por un monto de 2 millones 903 mil pesos.
2.- Adjudicaron indebidamente 17 contratos por un monto de 38 millones 701 mil pesos que debieron licitarse.
3.- Otros 24 expedientes por un monto de 32 millones 195 mil pesos no cuentan con el debido contrato.
4.- 11 expedientes por un monto de 19 millones 842 mil pesos no cuentan con al menos 3 cotizaciones, como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.
5.- 29 expedientes por un monto de 62 millones 856 mil pesos no cuentan con la garantía que establece la citada ley.
6.- 41 expedientes por un monto de 67 millones 988 mil pesos que se adjudicaron de manera directa, no cuentan con el Dictamen de Justificación que señala dicha ley.
7.- Se acreditó que en 19 contratos se adquirieron bienes y servicios por un valor de 33 millones 223 mil pesos, cuando su valor real en el mercado es de 16 millones 359 mil pesos, por lo tanto los imputados le generaron un quebranto al patrimonio del estado por 16 millones 864 mil pesos.
El caso más relevante es la compra de un sistema de circuito cerrado para la Feria Nacional de Zacatecas, que se adquirió en 6 millones 774 mil pesos, cuando su valor real en el mercado es de solo 616 mil pesos.
FOTO: LEONARDO MORENO
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