Implicado, exoficial mayor
Durante el gobierno de Amalia García Medina se realizó la compra irregular de 60 chalecos tácticos antibalas con recursos etiquetados para seguridad pública, pero no pudo avalarse su existencia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Una de las irregularidades fue que, utilizando cotizaciones presuntamente falsas, se benefició a una empresa con un giro diferente al requerido, la que a su vez los adquirió de menor calidad con una compañía fabricante.
Se superó el monto máximo de hasta 500 mil pesos para la adjudicación directa, con lo que no se cumplió lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2010.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, al parecer no se entregaron los 60 chalecos a la Policía Estatal Preventiva (PEP) sino una cantidad menor, que además los elementos tuvieron qué adaptar para hacerlos más seguros.
El objetivo del informe fue comprobar la aplicación de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, para la adquisición de equipos de seguridad.
El 7 de julio de 2011 la ASE notificó a la Contraloría Interna del gobierno estatal para realizar las investigaciones e iniciar el proceso administrativo por los actos u omisiones de los entonces servidores públicos que celebraron el contrato.
Ruiz Fierro encabezó la compra
A 7 meses de encontrarse estas irregularidades, el exoficial mayor, Eduardo Ruiz Fierro, enfrenta un proceso penal luego de ser acusado por el actual contralor, Guillermo Huizar Carranza, por tráfico de influencias e irregularidades en el manejo de recursos.
En el dictamen de la ASF se informó que el 2 de abril de 2010 se emitió un acuerdo en el que se facultó a la Oficialía Mayor para realizar las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, privilegiando hasta donde fuera posible a los empresarios zacatecanos.
El 19 de mayo de 2010 el Gobierno del Estado celebró el contrato C-OM-151-10 para la adquisición de 60 chalecos tácticos, antibalas, nivel III-A, con dos placas de polietileno, con un proveedor de Michoacán.
El giro comercial de la empresa, sin embargo, es “compra, venta, importación, exportación y comercialización de infusiones orgánicas e inorgánicas”.
La compra se realizó bajo la modalidad de adjudicación directa por un monto de 1 millón 357 mil pesos, de los cuales 950 millones correspondían a recursos federales y 407 mil a la aportación estatal.
Comprueban falsedad en otras cotizaciones
En la solicitud de compra de los chalecos se adjuntaron las especificaciones requeridas del equipo, sin embargo, ninguna de las 4 cotizaciones que se hallaron en el expediente cumple con los requisitos.
Personal de la ASF visitó una de las empresas que cotizaron, pero el representante legal del negocio dijo desconocer a la persona que suscribió una supuesta propuesta a nombre de su compañía.
Al tratar de verificar la autenticidad de otra cotización, se obtuvieron 3 domicilios distintos de la empresa y se comprobó que no trabaja en ninguno de ellos.
Esta situación evidenció que los entonces servidores públicos presentaron documentos aparentemente apócrifos para beneficiar a la empresa denominada Importaciones Orgánicas Monarca, S. de R.L.
Empresa dedicada a infusiones compró los chalecos a un fabricante
La ASF también buscó verificar la calidad de los chalecos, para lo cual visitó a la empresa ubicada en Morelia, Michoacán, donde se comprobó que el equipo es de manufactura nacional y se compró a un fabricante de la ciudad de México.
Importaciones Orgánicas Monarca reconoció que expidió la factura 343 por 1 millón 357 mil pesos por concepto de chalecos tácticos antibalas, nivel II, con dos placas, sin embargo el equipo no fue entregado con dichas características.
La empresa fabricante, Seguicol, SA de CV, vendió los 60 chalecos sin placas de polietileno, lo cual fue verificado en la inspección realizada por la ASF.
Ponen en riesgo seguridad de policías
Según la ASF los chalecos no fueron recibidos en su totalidad y ninguno de los que presuntamente se compraron cumplió con las especificaciones contratadas.
A consecuencia de esto, no se dotó de equipo de seguridad adecuado a los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes para hacer uso de los mismos utilizaron placas de chalecos usados sin la garantía de salvaguardar su integridad personal.
La ASF determinó que la Oficialía Mayor no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para la “Adquisición de Equipo de Seguridad Pública”, debido a que nunca se acreditó la existencia de los chalecos antibalas.
No se comprobó la existencia del equipo
Durante una visita a la PEP no se comprobó la existencia de los chalecos adquiridos ni se avaló su destino.
Las características de los que se tuvieron a la vista de los auditores no coincidieron con los descritos en la factura expedida por el proveedor ni en el oficio de remisión a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública.
En la Dirección General de la PEP no hay alguna bitácora que acredite el ingreso de los chalecos antibalas a la armería, los cuales supuestamente fueron entregados el 30 de abril del 2010.
El único referente a la presunta existencia del equipo que se citó en el acta circunstanciada 005/CP2010, elaborada el 7 de julio del 2011, es un servidor público que estuvo de guardia el 30 de abril y afirmó que los chalecos que llegaron venían sin placas y que ingresaron solo con una funda.
Dicha información fue sustentada a través del oficio PEP/1651/2011 del 25 de octubre de 2011, elaborado por el actual gobierno en el acta de entrega-recepción, en donde se confirmó que la Policía Estatal recibió los chalecos sin placas de poliestireno (sic) o keblek, con lo que se desvirtuó lo afirmado por el proveedor.
Acciones en contra de las empresas
La ASF presentó una denuncia de hechos por las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización de la Cuenta Pública 2010 del Estado de Zacatecas.
En tanto, inició un proceso para la aplicación de una multa al representante legal de la empresa proveedora Importaciones Orgánicas Monarca, S. de R.L. y al gerente general de la empresa fabricante Seguicol, SA de CV, por no haber atendido en el plazo establecido sus solicitudes de información.
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