El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela Pinedo, comprometió más de 104 millones de pesos de recursos públicos para la renta y mantenimiento de 62 vehículos, en contratos que han generado cuestionamientos por los altos costos y presuntos sobreprecios.
De acuerdo con la información disponible, la empresa Jet Van Car Rental obtuvo un contrato por 71 millones de pesos para arrendar 62 unidades durante un periodo de 28 meses, del 1 de mayo de 2025 al 31 de julio de 2027.
Al concluir el convenio, todos los vehículos deberán ser devueltos a la arrendadora, por lo que el municipio no generará patrimonio propio con esta inversión.
A este gasto se suma un segundo contrato por 33 millones de pesos adjudicado a Automóviles CGE de Zacatecas para brindar mantenimiento preventivo y correctivo a las mismas unidades, pese a tratarse de vehículos de reciente modelo.

Entre los casos que más llaman la atención se encuentra el de un Renault Logan Intens, cuyo precio de agencia ronda los 325 mil pesos, pero que fue rentado por 426 mil pesos. En total fueron contratadas 11 unidades de este modelo, además de los costos adicionales de mantenimiento.
Otro ejemplo es una motoconformadora Revlon DG190, cuyo valor comercial nuevo se estima en 3.8 millones de pesos, pero que fue arrendada por 5 millones 462 mil pesos, una cifra superior a su costo de compra.
Las críticas se intensifican debido a que ambas empresas registran como domicilio fiscal una propiedad ubicada en la Quinta Sección de Colinas del Padre, que aparentemente corresponde a una vivienda particular.

Además, Jet Van Car Rental arrastra antecedentes que han sido señalados por autoridades federales. La Auditoría Superior de la Federación solicitó investigar a la empresa por presuntas irregularidades relacionadas con contratos celebrados con Segalmex, mientras que la Secretaría de la Función Pública la sancionó e inhabilitó en 2021 por incumplimientos detectados en servicios prestados al Servicio de Protección Federal.
El esquema contratado implica una fuerte carga para las finanzas municipales, ya que durante más de 2 años el Ayuntamiento destinará una parte importante de su presupuesto a vehículos que no serán de su propiedad y cuyo mantenimiento también será cubierto con recursos públicos.








