En Zacatecas, los vestigios de un pasado minero glorioso y el abandono de fincas en el Centro Histórico conviven hoy como 2 amenazas paralelas que afectan el patrimonio arquitectónico.
Los hundimientos provocados por antiguos trabajos mineros y el progresivo deterioro de numerosas edificaciones han convertido el subsuelo y la superficie de la ciudad en un escenario de riesgo permanente.
Por un lado, decenas de tiros de mina, muchos de ellos centenarios y ocultos bajo zonas habitadas, representan una amenaza. Estos pozos verticales, cavados en su momento para facilitar la extracción de minerales, hoy permanecen ocultos, abiertos o mal sellados, sin barreras de protección ni restricciones de acceso.
Las autoridades municipales estiman que existen al menos 180 tiros identificados dentro o cerca de la mancha urbana, especialmente en zonas como el Cerro del Bote, la colonia Lázaro Cárdenas, la Díaz Ordaz y los alrededores de Mexicapan. Pese a los esfuerzos de supervisión, los registros sugieren que aún podría haber muchos más sin documentar.
La historia de estos tiros se remonta a tiempos en los que no existía regulación ambiental que exigiera el cierre y restauración de los sitios mineros al finalizar su explotación. Durante años, pequeños mineros artesanales cavaron decenas de estos pozos sin planificación técnica ni medidas de seguridad.
Al cesar sus operaciones, las excavaciones quedaron expuestas, y con el crecimiento desordenado de la ciudad terminaron en medio de barrios, áreas de senderismo y caminos frecuentados por la población.
El riesgo no es solo teórico. Tan solo en la primera semana de junio se registraron 3 incidentes de gravedad: un joven de 16 años cayó en un tiro mientras practicaba senderismo en la zona de El Bote; días después, las autoridades realizaron un operativo para recuperar restos humanos en un pozo del cerro San Martín y, posteriormente, en Vetagrande, 2 perros fueron rescatados tras haber sido arrojados a un pozo minero.
Estos episodios reflejan lo cotidiano de la amenaza, donde tanto personas como animales pueden resultar víctimas de estos huecos.
Por otro lado, el subsuelo de Zacatecas guarda otra trampa menos visible pero igualmente peligrosa: el sistema de embovedado, construido entre 1850 y 1900, que cubre los antiguos arroyos sobre los que se expandió la ciudad.
Estos túneles de mampostería soportan desde hace más de un siglo el peso de edificios, calles y plazas. Sin mantenimiento adecuado, las filtraciones, deslaves y el desgaste han causado múltiples hundimientos en el corazón del Centro Histórico.
Desde la década de 1980 se han documentado decenas de colapsos. En 2013, un enorme socavón de 20 metros de profundidad se abrió en la vialidad Paseo La Bufa. Poco después, otro hundimiento se produjo en la avenida Fernando Villalpando.
En años posteriores continuaron los incidentes, como el ocurrido en la Plazuela del Vivac y los más recientes en las calles Rayón y Juan de Tolosa, donde una vivienda antigua colapsó después de años de abandono.
Las intensas lluvias, comunes en la temporada de verano, aceleran este proceso de debilitamiento al infiltrarse en las bóvedas y muros antiguos.
El deterioro de las fincas es el otro gran frente de preocupación. Se calcula que existen unas 150 viviendas en estado de riesgo, de las cuales 60 presentan daños críticos. Algunas de estas propiedades, construidas incluso antes del Siglo XIX, llevan décadas sin recibir mantenimiento adecuado, lo que las convierte en estructuras extremadamente frágiles ante cualquier vibración o tormenta.
El problema legal se agrava al tratarse de propiedades intestadas, donde los herederos no logran acuerdos para su conservación.
En varios casos, se ha documentado que algunos propietarios, ante las restricciones legales para modificar inmuebles catalogados como patrimonio, propician intencionalmente el deterioro para forzar su colapso.
Mediante el bloqueo de bajadas pluviales, logran que el agua de lluvia debilite los cimientos, provocando derrumbes “espontáneos” que luego les permiten edificar sin las estrictas regulaciones de conservación.
Mientras tanto, las escuelas ubicadas sobre terrenos con tiros de mina presentan un capítulo aparte de riesgo social. En la Escuela Primaria Alma Obrera, por ejemplo, un tiro de mina colapsó mientras se construía una cancha deportiva, abriéndose un agujero de 10 metros de profundidad.
Otros planteles como la secundaria técnica 34, el jardín de niños Primavera y varias primarias más se encuentran en terrenos que albergan tiros sellados de manera superficial, pero sin estudios de seguridad a fondo.
El subsuelo zacatecano también es vulnerable a otro tipo de intervención: la minería clandestina. Personas conocidas como «gandules» han sido identificadas ingresando a estos tiros abandonados para extraer minerales residuales de forma ilegal.
Aunque hay elementos para suponer que hacen esos trabajos ilegales en los utilizan pequeñas cargas explosivas para aflojar el material, hasta el momento no ha habido detenciones. Incluso se han movilizado corporaciones después de fuertes explosiones sin saber su origen.
Estas labores de minería prohibida generan vibraciones que afectan no solo la estabilidad de los tiros, sino también de estructuras cercanas, aumentando el riesgo de derrumbes en la superficie, ya que los tiros de mina y otros huecos en el subsuelo sirven como amplificadores de las vibraciones.
A pesar de los esfuerzos por parte de Protección Civil y el trabajo de inspección permanente encabezado por autoridades, la magnitud del problema supera las capacidades presupuestales y logísticas de las autoridades.
Aunque algunas zonas peligrosas han sido acordonadas o selladas, muchas otras siguen accesibles, tanto para curiosos como para personas que desconocen el peligro al realizar actividades recreativas en cerros y senderos de la periferia.
En 2020, un automóvil cayó en un socavón de 6 metros de profundidad en el estacionamiento de la avenida Quebradilla, a un costado del hospital del IMSS, poniendo en evidencia que incluso áreas aparentemente estables pueden ocultar tiros de mina no detectados previamente.
El problema no es nuevo, pero su agravamiento es cada vez más evidente. Zacatecas, con su compleja historia minera y su valioso patrimonio arquitectónico, enfrenta el reto de intervenir de forma integral su subsuelo y su infraestructura urbana.
Se requieren no solo estudios geológicos profundos y actualizados, sino también voluntad política, recursos financieros, legislación flexible para resolver la situación legal de los inmuebles abandonados, y una estrategia de largo plazo para prevenir que el deterioro se transforme en riesgos mayores.
Mientras estas acciones se retrasan, permanece el riesgo sobre un entramado frágil de construcciones abandonadas, tiros de mina y bóvedas centenarias, donde el riesgo está presente.
