Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), pasará al menos hasta el lunes en prisión preventiva en el Cerereso de Cieneguillas, luego de que un juez de control ordenara su reclusión como medida preventiva tras ser detenido por el supuesto delito de violación equiparada agravada.
La audiencia para definir su situación jurídica continuará el próximo lunes 12 de mayo, luego de que sus abogados, quienes llevan casos como el del exalcalde de Guadalupe Julio César Chávez Padilla, pidieran diferir la primer audiencia que comenzó este sábado.
La detención se realizó la noche del viernes 9 de mayo por parte de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada agravada.
Tras su detención, el rector fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación para su certificación médica y, posteriormente, ingresado al penal estatal de Cieneguillas minutos antes de la medianoche del viernes.
Durante este sábado por la tarde, se celebró la audiencia inicial de formulación de imputación en la sala 3 del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial. Ahí, el Ministerio Público expuso ante el juez los hechos que se le atribuyen a Rubén Ibarra, los cuales corresponden a una conducta de carácter sexual en contra de una persona menor de edad.
Por tratarse de un caso especialmente sensible, el juez Alfredo Sánchez Domínguez ordenó que la audiencia se realizara de forma privada, a petición de los padres de la presunta víctima, a fin de proteger su identidad.

El imputado se presentó a la audiencia vistiendo de blanco y estuvo acompañado por sus abogados defensores Darío Gamón Rodríguez y Álvaro Ávila Fonseca, quienes solicitaron al juez acogerse al plazo constitucional de 72 horas, prorrogable a 144, para presentar elementos de defensa.
De esta forma la audiencia se reanudará el lunes 12 de mayo, cuando el juez podría definir si el rector será vinculado a proceso penal, tras lo cual podría permanecer más días en prisión o enfrentar el proceso en libertad.
Hasta que se celebre la audiencia de continuación, el rector deberá permanecer bajo prisión preventiva en el Cerereso varonil de Cieneguillas, con lo que cumplirá al menos tres días encarcelado.
El juez consideró esta medida necesaria, de acuerdo con los argumentos presentados por la fiscalía, mientras se resuelve si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente al proceso penal.
Durante la audiencia, la representación social presentó datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, que habrían sido suficientes para formular imputación por el delito de violación equiparada agravada.
La defensa explicó que este plazo de 72 horas les permitirá explorar e investigar datos que pudieran favorecer al imputado, por lo que la situación jurídica de Rubén Ibarra no está definida.

Por ahora, el caso se encuentra en la etapa inicial y no se ha discutido su situación laboral dentro de la UAZ, sin embargo, podría ser materia de análisis por parte del Consejo Universitario, instancia responsable de resolver sobre la permanencia del rector en caso de que su situación jurídica afecte el desarrollo de sus funciones institucionales.
Los abogados que representan al rector tienen trayectoria en casos penales de alto impacto mediático, ya que también han ejercido la defensa del exalcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, quien fue señalado en 2023 dentro de una carpeta por homicidio calificado.
Por ahora, la defensa del rector no ha adelantado si se buscará un proceso abreviado o si se optará por demostrar su inocencia en juicio. Según explicó el equipo jurídico al salir de la audiencia, un procedimiento abreviado solo es posible tras una vinculación a proceso, por lo que cualquier estrategia dependerá de lo que resuelva el juez el lunes próximo.
El procedimiento abreviado es una forma rápida y simplificada de finalizar un proceso penal, en la que el acusado acepta la culpabilidad y acuerda una pena con el fiscal, así como reparación del daño a la víctima para reducir la pena que sería impuesta de seguirse el proceso normal.




