Con 22 votos a favor y 2 en contra, fue aprobado en lo general el dictamen mediante el cual se armoniza la Constitución del Estado con las reformas al Poder Judicial a nivel federal.
La reforma implica el desarrollo de un proceso electoral local para la renovación de los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de las juezas y jueces del Poder Judicial del Estado.
También contempla la constitución de un Órgano de Administración responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial, así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
Al momento de registrarse la discusión en lo general, el diputado Carlos Peña Badillo y la diputada Ana María Romo Fonseca participaron a favor del dictamen; mientras que, para hablar en contra, hizo uso de la tribuna la legisladora María Teresa López García.
Durante la discusión del dictamen en lo particular, el diputado Eleuterio Ramos Leal reservó el texto del párrafo segundo del artículo 96 del dictamen.
En el dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales se contempló establecer en el artículo 96 de la Constitución Local, que la elección de cada uno de los cargos que integran los órganos jurisdiccionales, es decir, tanto magistrados como jueces, será a través de una elección estatal.
La propuesta que Eleuterio Ramos planteó en su reserva es para establecer que, para el caso de las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, juezas y jueces en materia penal, la elección se realizará a nivel estatal; y, en lo relativo a juezas y jueces de otras materias, la elección será por distritos.
Carlos Peña reservó en lo particular el texto del párrafo tercero del Artículo 90 Ter del dictamen. En el dictamen aprobado en lo general, se establece que el Órgano de Administración Judicial se integrará por 3 consejerías, una designada por el gobernador del estado, una por la Legislatura y otra por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
En el planteamiento de Peña Badillo, se propuso que el Pleno del Órgano de Administración Judicial se integrara por 5 consejerías que durarían en su encargo 6 años improrrogables, de las cuales una sería designada por el gobernador o gobernadora, una por la Legislatura mediante mayoría simple, y 3 por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría. La presidencia del Órgano duraría 2 años y sería rotatoria, en términos de lo que establezca la ley.
Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo particular con la reserva del diputado Eleuterio Ramos Leal, por unanimidad de las y los diputados presentes; mientras que la propuesta del legislador Carlos Peña Badillo tuvo 18 votos en contra y 7 a favor, por lo que no fue avalada.
La Minuta de Decreto será remitida a los Ayuntamientos para su discusión y aprobación, por tratarse de una reforma constitucional.
