Después de que el municipio Pachuca transfiriera el control de la seguridad pública al estado de Hidalgo y así diera paso a la unificación de su policía, el procurador de Justicia del Estado, Arturo Nahle García, informó que los alcaldes de Zacatecas no han renunciado a su obligación en esta materia.
El funcionario estatal infirmó que los presidentes aún no han renunciado a su obligación de hacerse cargo de la seguridad pública de sus municipios, como en el caso de Pachuca, que entregó a sus 522 preventivos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Pese a que el procurador dijo desconocer el tipo de acuerdo celebrado entre el municipio y el estado, señaló que “es probable que ese convenio resulte anticonstitucional porque el artículo 115 de la Constitución Mexicana establece que los municipios tienen la facultad y obligación de ofrecer seguridad pública”.
Nahle García comentó que esta unificación de la policía será una fuerte discusión a nivel nacional, ya que algunos están a favor y otros en contra, pero una de las bondades de la iniciativa es que facilitará el actuar de las corporaciones.
Explicó que la existencia de 2 mil corporaciones policiacas en el país ha complicado su trabajo por la falta de comunicación, coordinación y colaboración, lo que se corregirá al haber una sola por entidad, es decir 32 en total.
Indaga deuda por helicóptero descompuesto
En otro tema, Arturo Nahale comentó que a más tardar el miércoles de la próxima semana la Procuraduría General de Justicia del Estado dará información sobre la investigación del caso del helicóptero propiedad de gobierno que se encuentra descompuesto.
La indagación inició cuando la empresa francesa Eurocopter emitió un cobro al Gobierno del Estado por 335 millones de dólares por concepto de mantenimiento de 2007 a 2010.
El procurador señaló que el martes se reunirá con personal de la mencionada empresa para que le den los pormenores de la deuda adquirida por el mantenimiento y reparaciones a una aeronave que tiene tres años sin funcionar.
Advirtió que también la pasada administración de gobierno tendrá que explicar a qué obedece la inyección “bárbara” de recursos a un aparato descompuesto, el cual fue adquirido desde el 2000 y tuvo un costo de 3 millones de dólares.
