De los 33 inscritos inicialmente, el 82 por ciento cumplió a cabalidad con esta actividad que ahora les permitirá reparar con éxito cualquier menester doméstico que tengan relacionado con el sistema eléctrico en sus casas.
El curso podría ser, además, la puerta para que continúen con sus estudios en esta actividad e incluso, conseguir empleo.
Este es tan solo uno de tantos casos en los que atestiguamos que las compañías mineras de algún modo están supliendo al gobierno en las acciones y obras a las que éste último está obligado, en sus tres niveles: federal, estatal y municipal.
Platicando con los habitantes de dichas poblaciones, nos enteramos, además, que las autoridades gubernamentales no se han aparecido en las comunidades para brindarles ya no digamos este tipo de capacitaciones -que competerían al Servicio Estatal de Empleo-, sino los servicios más básicos.
La última vez que recuerdan haber visto a una instancia pública acercarse a ellos fue hace un mes, en que una unidad móvil del IMSS estuvo brindando servicios médicos en San Juan de Carboneras, del mismo municipio de Ojocaliente.
Es importante mencionar que este servicio a la comunidad fue posible gracias a la intervención de la Unidad Minera El Coronel, dado que las autoridades no hicieron mucho caso al delegado municipal de San Juan, don Javier Ibarra Silva, pero sí escucharon a Minera Frisco cuando hizo la misma solicitud de mandar servicio médico móvil a dicha población.
Este escenario nos abre varias preguntas: ¿por qué las autoridades no escuchan a los ciudadanos de a pie? Y por otro lado, ¿desatienden las autoridades a las comunidades aledañas a las compañías mineras porque confían en que serán éstas las que atenderán a los ciudadanos?
Es decir: ¿están las autoridades delegando su chamba en los hombros de las mineras? Si es así, ¿en qué se están gastando las autoridades el dinero que deberían destinar para emprender obras y acciones a favor de la ciudadanía?
A partir de 2015, el gobierno federal cobrará a las compañías mineras un nuevo impuesto (7.5 por ciento sobre las utilidades mineras) que será destinado, dicen, para favorecer a las comunidades cercanas a las minas.
Esto se da en un panorama difícil para la industria extractiva, pues las empresas dedicadas a este rubro no solo enfrentan la caída de los precios en los metales, sino al aumento de impuestos en los derechos de los lotes mineros, así como las limitaciones deductivas que la reforma fiscal les ha impuesto a las empresas en México.
¿Qué va a suceder? Lo obvio: las empresas mineras -que no son hermanitas de la caridad como para estar regalando recursos- dejarán de prestar estos servicios que, a la fecha, venían haciendo de forma voluntaria -y deducible de impuestos, hay que aclarar.
Las empresas del ramo extractivo van a echar mano de estrategias fiscales con el fin de abatir costos y sostener sus índices de producción.
Es lógico que no emprenderán tantas acciones de servicio a la comunidad como antaño, ya que esto corresponderá al gobierno, que para eso percibirá este nuevo impuesto -cuyo monto, por cierto, conoceremos hasta finales de mayo- y que, según reza el decreto correspondiente, beneficiará a 24 estados de la República.
La gran duda es: Si el gobierno, según los distintos testimonios recabados, tiene actualmente olvidadas a las comunidades rurales cercanas a las minas, ¿qué nos garantiza que con este nuevo esquema las autoridades atenderán a la ciudadanía en lo sucesivo? ¿Será que solo les interesa captar más impuestos?
FOTO: CORTESÍA
*Kutzi Hernández es directora editorial de Outlet Minero, agencia periodística especializada en temas de minería.