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Ni olvidado ni cerrado caso de presunta corrupción en Sedatu

Bajo la Lupa

A casi 7 meses de su última visita a Zacatecas, de la que no se fue nada contenta, Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), visitó la entidad este pasado jueves; para su recibimiento y como una forma de limar las asperezas, Gobierno del Estado realizó 3 eventos de suma trascendencia, tanto para ella como para el gobernador Alejandro Tello.

No obstante, y aunque su visita tuvo resultados positivos y los eventos resultaron a favor, hay temas que no se olvidan y mucho menos cuando no se han cerrado o no les han dado carpetazo.

Por ello, los medios de comunicación con ansias esperaron el momento para interrogar a la experredista, y fuera ella quien explicara en qué concluyó la investigación al delegado de la Sedatu en Zacatecas, Rolando Garza, por el presunto manejo irregular del Fondo Minero y de algunos otros programas con fines sociales, como lo es el programa Hábitat.

Y aunque la denuncia fue realizada por la Secretaría de la Función Pública y hasta la fecha no se emitió un informe oficial referente a la investigación, la secretaria Rosario Robles, al ser cuestionada sobre el tema, únicamente se limitó a responder de manera sarcástica, y hasta molesta, que es un tema que se vio hace mucho tiempo, “ya pasó un año, hay que actualizarnos, no se encontró ninguna responsabilidad, y yo se los dije”.

Y sin más ni más, fue como la aspirante a la Secretaría de Gobernación cerró el caso para los zacatecanos, dejando impunidad y corrupción en la dependencia, pero sobre todo, dejó en claro que la transparencia solo sirve para 2 cosas…

El único que resultó amonestado fue su jefe de prensa, a quien en público y frente a los medios de comunicación le gritó y lo regañó por no saber los temas que los reporteros preguntarían, y eso que sólo dejaron hacer 3 preguntas.

 

¿Imparcialidad de la Comisión de Derechos Humanos? Luz Domínguez muestra su lado político
A lo largo de la semana hubo cuestionamientos a Fabiola Torres, secretaria General de Gobierno, y en general a la administración de Alejandro Tello por no haber aceptado una parte de la recomendación 03/2017 que hizo al gobierno de Zacatecas la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) que lidera María de la Luz Domínguez Campos por el polémico caso de Salaverna ocurrido el 23 de diciembre de 2016, cuando se solicitó a los habitantes de la comunidad de Mazapil abandonar sus casas, por el peligro que implica habitar un terreno cercano a la minera Tayahua.

A simple vista y sin conocer distintas verdades, cualquiera daría la razón a la CDHEZ y catalogaría al gobierno estatal de un violador de los derechos humanos, incapaz de reconocer sus errores, sin embargo, habría que saber que la ombudsman zacatecana no es imparcial como lo asegura.

De entrada habría que preguntarse ¿Por qué al ex secretario de seguridad, Jesús Pinto, no le inició una investigación por aquellas fotos que se difundieron donde aparecen reos del Cereso desnudos en una supuesta revisión y es el mismo general Pinto quien la supervisó?

No la inició, porque María de Luz Domínguez fue funcionaria del gobierno de Miguel Alonso y de todos es sabido que fue el ex gobernador quien la colocó al frente de la CDHEZ, por ende no podría actuar contra su patrón. Como no le debe favores sí puede irse contra Alejandro Tello, lo cual está bien si hay razones y argumentos imparciales, pero en el caso de Salaverna no del todo es así y más se ve un interés político de parte de la ex diputada en su momento de Movimiento Ciudadano.

En primer lugar, la queja presentada ante la Comisión no la interpusieron propiamente los afectados, por lo que en un boletín de prensa el gobierno se defiende al decir que no acepta algunos puntos porque “no se acredita plenamente la identidad de la quejosa ni de las seis personas que considera agraviadas”. En otras palabras, la queja la impulsaron activistas que después de los hechos ocurridos en diciembre pasado, prometieron no abandonar la causa, cuando a todas luces con sus contadas excepciones se trata de gente que vive de sacar provecho mediático o político a su favor, muestra de ello es que no fueron propiamente ellos quienes han logrado los acuerdos en beneficio de los habitantes, sino que para ellos es mejor alargar el conflicto, les beneficia para sus fines llevándose en medio a la gente realmente afectada quien desde hace años merece soluciones dignas porque han sabido luchar por la defensa de sus tierras.

Esos “activistas” nunca publicitaron que, a inicios de 2017, Alejandro Tello incluso fue a Salaverna y se reunió con los interesados, con quienes sostuvo un diálogo, y mismos que a la fecha bajo su legítimo derecho y su propia responsabilidad siguen viendo en esa comunidad. De modo que el argumento de la CDHEZ respecto del desalojo se invalida en el momento en el que las familias a mediados del año siguen ahí, y si así lo desean seguirán porque son sus tierras y punto.

Inclusive la Procuraduría de Justicia de José Francisco Murillo admitió la recomendación en lo que a la actuación de los policías respecta quienes bloquearon el acceso a la comunidad.

La CDHEZ pide al gobierno realice estudios relativos a monitoreos sísmicos, cuando gobierno estatal asegura que estos existen y en base a ellos fue que se le notificó a la gente la necesidad de dejar el asentamiento. Ciertos o no, los estudios existen y la argumentación de la Comisión se debilita.

Sin duda el tema Salaverna es complejo y nadie pone en duda el abuso del que han sido objeto los habitantes por parte de la minera y años atrás de autoridades permisivas, pero la realidad es que no se puede culpar al gobierno actual de un asunto que se arrastra de años, no lo provocó ni tampoco desalojó a nadie.

La gente ahí sigue, bajo su propia responsabilidad y entonces no tendría porque aceptar una recomendación que a todas luces nace de intereses políticos de María de Luz, sus consejeros de apellido Barajas y, quizás, el ex gobernador Alonso.

Si no, que demuestre lo contrario en Chalchihuites con La Colorada. La CDHEZ debe hacer lo propio y de oficio iniciar una investigación porque los habitantes padecen las mismas o peores injusticias que los de Salaverna y así muchos otras víctimas del despojo vil de parte de las minas, entonces le creeremos…

Nos encontramos la siguiente semana en este espacio, donde todo se sabe...

 

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