Funcionarios de la administración central de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) justificaron los despidos de sólo cuatro trabajadores, argumentaron tener las pruebas de su incursión en faltas a la institución.

En ausencia del rector de la UAZ, Francisco Javier Domínguez Garay, Miguel Rodríguez Jáquez, abogado general de la institución, informó que a partir de las declaraciones de los líderes sindicalistas sobre los presuntos despidos injustificados se vieron en la necesidad de dar la versión de la universidad.

Los despedidos fueron cuatro, no nueve como lo informó el STUAZ; los cinco restantes argumentan que su salario se disminuyó injustamente.

Al respecto, Rodríguez Jáquez explicó que desde que se hicieron de su conocimiento las faltas en las que incurrieron los trabajadores, se inició el procedimiento administrativo y conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo rescindieron la relación laboral con ellos.

Dijo que las conductas son variadas, un caso, es de reincidencia en falta de probidad y honradez, otro, fue de ausentismo y haberse presentado en estado de ebriedad a su centro de trabajo, un caso más consistió en la inscripción de alumnos de Ciencias de la Salud que no habían aprobado el examen Ceneval y el último fue porque uno de ellos  tenía 2 años sin presentarse a trabajar y estaba cobrando.

Y al contrario de lo que argumenta Rubén Trejo, secretario general del STUAZ, sí se hizo de su conocimiento que se llevaría a cabo el procedimiento para que el organismo designara un abogado para que acompañaran a los trabajadores y hacer valer sus derechos.

Silverio Frausto Esparza, coordinador del departamento de Infraestructura, informó que Martín de Santiago Ortega incurrió en ausencias frecuentes a su trabajo y no le toleró que hubiera llegado en estado de ebriedad, además del 2002 a la fecha acumuló 30 actas administrativas y la situación, dijo “ya era insostenible”.

Por otro lado, Juan José Rubio Warren sustrajo de manera “incorrecta” material de tipo eléctrico que pertenecía al departamento de mantenimiento durante el periodo vacacional y falsificó su firma con los proveedores para hacerse de más material.

“Son cosas que por ningún motivo vamos a permitir que sucedan en esta institución”, dijo Frausto Esparza.

Por su parte, José Antonio Álvarez Pérez, coordinador de Recursos Humanos, informó que el sindicalizado que duró más de 2 años sin trabajar supuestamente laboró en ingeniería y en el Centro de Educación y Cuidado Infantil, pero no fue cierto, sólo estaba en nómina.

Explicó que esto es consecuencia de un escrutinio general y de una adecuación de la plantilla de administrativos, que se dio desde la revisión contractual de febrero.

Había una dispersión exagerada de salarios y que por medio de una propuesta trataron de homologar a todos de acuerdo al contrato colectivo.

En los cinco casos restantes, lo que ellos solicitan es que se les siga pagando el mismo salario que cuando fueron funcionarios administrativos.

Y es que cuando se termina de desempeñar un cargo administrativo se regresa a su nivel y categoría que le corresponde, no se mantienen los salarios de funcionarios, y eso es lo que piden.

Lo que se hizo fue ajustar el salario respetando su nivel y categoría contenidos en el contrato colectivo de trabajo.

Por su parte, Rodríguez Jáquez informó que no se dedican a perseguir ni trabajadores ni académicos, que sólo quieren que hagan su trabajo y donde haya irregularidades las solucionarán conforme a derecho y que sean los tribunales quienes le den la razón a quien le corresponda.

Y a diferencia de los agremiados sostienen que la rescisión tiene que ser unilateral, “Es facultad exclusiva del patrón rescindir sin responsabilidad para él mismo y por lo tanto separar al trabajador justificadamente del puesto en que trabaja”.

“Es una incongruencia que el patrón y el trabajador se pongan de acuerdo para despedir a éste”.

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