Por el trato de la policía hacia una menor con discapacidad intelectual, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió la recomendación dirigida Constantino Castañeda Muñoz.

La Legislatura local fue notificada de esta recomendación,  por actos atribuibles a elementos de Seguridad Pública del Municipio, para que lleve a cabo el procedimiento de responsabilidades en contra del alcalde.

La denuncia, interpuesta el pasado 28 de mayo por el padre de la menor agraviada, precisa que su hija que padece de una discapacidad intelectual realizó conductas que salen de su comprensión, situación de la que tienen conocimiento los vecinos de la farmacia de su propiedad.  

Los empleados de otro negocio al que acudió la menor llamaron a Seguridad Pública, por lo que en menos de 2 minutos llegaron al lugar 6 elementos, quienes la detuvieron diciendo que era una ladrona.

Una vecina les explicó que la menor tiene una discapacidad intelectual, pero los policías incluso la señalaron como su cómplice.

Después de que el padre les insistiera en la discapacidad de su hija la soltaron, pero en su desesperación la niña salió corriendo y estuvo a punto de ser atropellada.

El temor de la menor frente a lo sucedido y su condición de discapacidad le provocaron un severo colapso emocional.

La CDHEZ solicitó el correspondiente informe de autoridad al presidente municipal de Río Grande, Constantino Castañeda, en su calidad de superior jerárquico de los elementos de seguridad pública municipal, con fundamento en el artículo 39 de la Ley que rige a este Organismo Estatal.

Sin embargo el alcalde hizo caso omiso a dicha solicitud, por lo que se enviaron 2 solicitudes más el 8 de julio y el 11 de agosto, las cuales tampoco fueron atendidas.

Se acreditó plenamente la falta de colaboración del presidente hacia la CDHEZ, ya que incumplió lo que establece el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

En la recomendación se exhorta a Castañeda Muñoz a que en su carácter de superior jerárquico de los servidores públicos responsables de violentar los derechos humanos de la menor  agraviada, instruya a quien corresponda, a efecto de que se capacite al personal de la Dirección de Seguridad Pública.

Específicamente, los policías deben ser adiestrados sobre sus funciones y atribuciones, así como en Derechos Humanos, para evitar que en lo sucesivo se continúen cometiendo violaciones en este sentido.

También tendrá que iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los oficiales preventivos que participaron en los hechos que dieron origen a la queja.

FOTO: ARCHIVO

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