"Ningún abogado que se llame como se llame les va a conseguir más prestaciones", declaró el procurador general de Justicia del Estado (PGJE), Arturo Nahle García, refiriéndose a que los expolicías cesados deben buscar una solución mejor, antes de enfrentar un proceso laboral.

"La Fracción 13, del Apartado 'B' del Artículo 123 constitucional, excluye de la posibilidad de ser reinstalado a quien se haya desempeñado como elemento de Seguridad Pública", dijo Nahle García.

Advirtió que lo único que van hacer los que contraten los servicios de cualquier abogado es mermar sus prestaciones, porque tendrán que pagar honorarios a su asesor jurídico.

Con relación a lo anterior, reiteró que los laudos laborales no obligan a las autoridades a que reinstalen a los elementos y mucho menos les conseguirán más prestaciones de las que les corresponden: 3 meses de salario, su aguinaldo proporcional y su prima vacacional.

En cuanto al rumor de que existe una demanda penal interpuesta por el acalde Carlos Peña Badillo en contra del abogado Santos Antonio González Esparza, quien lleva los casos de los expolicías capitalinos, el procurador negó la existencia de la misma.

Aclaró que no es un delito desempeñarse como un abogado independiente y asesorar a quien pida sus servicios.

FOTO: ARCHIVO

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