Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas, junto con los mandatarios del país y la Presidencia de la República, acordaron acciones específicas para garantizar el libre ejercicio periodístico y el trabajo de los defensores de derechos humanos en Zacatecas y México.

Este miércoles, el mandatario estatal acudió a la Ciudad de México para participar en la reunión denominada Acciones para la Libertad de Expresión, la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, convocada por el presidente Enrique Peña Nieto.

En la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacinal de Gobernadores (Conago) estuvieron presentes, además de los mandatarios de las 32 entidades, embajadores y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Derivado de las lamentables agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos que se han tenido en el país, se acordó dialogar y encontrar líneas de acción concretas para garantizar la libertad de expresión y que, además, haya consecuencias y se castigue a los culpables.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue el vocero de los gobernadores, quienes acordaron en conjunto las siguientes acciones:

• Conformar mapas estatales de riesgo y agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos, con base en un mecanismo federal, a fin de prevenir.

• Dar cumplimiento cabal a las recomendaciones hechas en la materia por la CNDH.

• Trabajar con un protocolo único unificado para establecer mecanismos de protección y atención a víctimas de delitos contra la libertad de expresión y establecer en cada estado un mecanismo de protección homologado con el federal.

• Responder a la sensible demanda social de dar mayor seguridad y protección para todos los periodistas que trabajan en este país.

Enrique Peña Nieto reconoció que ante la situación que priva se requieren medidas extraordinarias para no ceder ante la violencia, y el Estado Mexicano otorgue garantías para el desempeño de la función periodística, sobre todo ante la amenaza del crimen organizado.

"Se le debe poner punto final a partir de la acción coordinada de los tres poderes; es indispensable que las autoridades protejan a los periodistas y se castigue a quienes atentan contra su labor", porque -agregó el presidente-, la ciudadanía espera resultados y ningún delito puede quedar impune.

Peña Nieto reconoció los compromisos hechos por gobernadores para poner en marcha todas esas acciones que fortalecerán la capacidad institucional de las procuradurías locales para garantizar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

Por su parte, expuso las medidas que se implementarán a nivel federal:

Primera: Fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, 538 personas están bajo la protección de este Mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas.

Segunda: Establecer un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Su instrumentación estará a cargo del Mecanismo Federal, cuya Junta de Gobierno incluye a representantes de la sociedad civil, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del Gobierno de la República".

Tercera: Fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas:

• Habrá más personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.

• Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.

• Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

• Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos.

• Apoyo a las entidades en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad.

• Creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

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