Martes 17 Octubre 2017

Debe Roberto Luévano aclarar destino de 7 mdp en Guadalupe

Por mandato de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Contraloría realiza un procedimiento administrativo en contra del expresidente municipal Roberto Luévano Ruiz y su extesorera, Ana María de Ávila Campos.

Carlos Salmón Buenrostro, contralor municipal de Guadalupe, informó que el 6 de octubre llegó una observación de la ASF, debido a que están sin aclarar los rendimientos de un fondo bancario de 26 millones de pesos.

Faltan de solventar 7 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2015. La extesorera y el exalcalde, actual dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tienen 30 días para aportar las pruebas del uso de dicho recurso.

A la Contraloría municipal le compete investigar y realizar el procedimiento administrativo contra los funcionarios, que puede ir desde un apercibimiento privado hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos. A la ASF le correspondería imponer sanciones económicas, de ser el caso.

Suman 25 millones de pesos las observaciones realizadas a la administración pasada, mediante diversos procedimientos, y se espera que la cantidad aumente dado que faltan de revisar parte del ejercicio 2015 y el 2016.

El funcionario enfatizó, en conferencia de prensa este martes, que este procedimiento no tiene tintes políticos, sino que se ejecuta en cumplimiento a las facultades de la Contraloría.

Como muestra señaló la suspensión de 2 funcionarios de la administración actual por no presentar su declaración patrimonial: 15 días al director de Desarrollo Económico y 3 meses al director de la Juventud, quien no acudió a los citatorios de la Contraloría.


Otras irregularidades
Carlos Salmón informó que se audita un convenio celebrado por el Ayuntamiento anterior con Novalux, que facilitaba a los trabajadores municipales compras a crédito que les eran descontadas vía nómina.

Señaló que al personal se le aplicaban los descuentos de su quincena, pero no se reportaban a la empresa, por lo que los trabajadores cayeron en buró de crédito.

Se investiga también la relación existente entre la Sindicatura y el despacho del abogado Santos Antonio González, quien recibía 40 mil pesos mensuales por atender asuntos que le correspondían a dicha dependencia.

Salmón destacó que se pasaron a ese despacho particular juicios laborales que prácticamente tenía ganados el ayuntamiento, y los dejó perder.

Asimismo, está pendiente el Decreto 581 que emitió la Legislatura y fue publicado en el Diario Oficial, para que exfuncionarios regresen 6 millones de pesos a las arcas municipales.

Las irregularidades son 127 personas que no justifican su relación laboral con el municipio, erogaciones no autorizadas, malos manejos por pagos no ejecutados de obras, entre otras.

Carlos Salmón hizo un llamado a Raúl Brito Berumen, auditor Superior del Estado, para que se haga cumplir ese decreto.

Hay además otros procedimientos que se siguen ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la extesorera Ana María de Ávila Campos; el exdelegado de Tacoaleche, Francisco Javier  Collazo Rosas; el excontralor, Jorge Fajardo Frías; el exdirector de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Almaraz; la directora de Desarrollo Social, Elisa Loera de Ávila; y la jefa de Proyectos de Imagen Urbana, Mayra Cecilia Fajardo López.

Se les acusa por no expedir recibos en cobro de contribuciones, cuentas bancarias sin movimientos en 2014, no vigilar el debido cumplimiento de los presupuestos de ingresos y egresos y elaboración de cheques sin cumplir requisitos.

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