A pesar de presiones para que abandonen la comunidad, advertencias respecto de lo inseguro que es permanecer ahí, que les quiten el agua, la escuela, la iglesia y clínica, vivan entre gases contaminantes de actividades mineras y que el paisaje sea ruinoso, 10 habitantes han decidido quedarse en Salaverna, Mazapil.

En contraste, han pasado 5 años desde que decenas de habitantes de esta comunidad iniciaron una nueva vida en un complejo habitacional, Nuevo Salaverna, construido para ellos por la minera Frisco Tayahua a cambio de salir de las casas donde vivían.

Las grietas en los muros de las viviendas a medio derrumbarse en Salaverna representan también una fractura entre vecinos. Aunque los une la defensa de sus propiedades, los separan diferencias para llegar a un arreglo digno con la empresa y recuperar la tranquilidad perdida.

¿Intento de desalojo?
El 23 de diciembre de 2016 las autoridades estatales acudieron a Salaverna a notificar a los pobladores la necesidad de abandonar la comunidad; les aseguraron que están en peligro por una falla geológica que podría provocar hundimientos. De paso demolieron los edificios agrietados de lo que años atrás fueron una iglesia y una escuela.

Fue derrumbada parte de una casa que presentaba marcadas grietas, pero Leticia Mendoza, una de las habitantes en resistencia, evitó de último momento que continuara la demolición. El resto de las viviendas se mantuvieron intactas.

Las versiones de los pobladores varían en cuanto a los presuntos abusos de las autoridades, pero coinciden en que el operativo sólo reforzó su actitud de mantenerse en el pueblo y su postura se ha radicalizado.

Para los últimos habitantes de Salaverna -cuyo origen del nombre es la entrada al infierno de acuerdo a ellos mismos-, permanecer ahí se hace cada vez más difícil, no sólo por las condiciones desoladoras que saltan a la vista, sino por la falta de servicios y el aislamiento en que viven.

Recomendación CDHEZ no aceptada y diferencias entre pobladores
A inicios del presente mes de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió una recomendación al Gobierno de Zacatecas acusado de desalojar de sus hogares a los habitantes de la comunidad de Salaverna, en Mazapil.

La Secretaría General de Gobierno la rechazó con el argumento de que no hubo tal desalojo, pues a 7 meses del operativo, las casas y sus pobladores continúan ahí.

Mientras que la ombudsman, María de la Luz Domínguez Campos, asegura que hubo un desalojo de los pobladores de la comunidad, la secretaria general de gobierno, Gilda Fabiola Torres, argumenta que tal acción no se dio.

Además, la funcionaria estatal afirma que la recomendación de la CDHEZ está mal integrada porque no fue firmada ni ratificada por la quejosa, Martha Leticia Mendoza, a quien se le derrumbó parte de la vivienda pero todavía la habita.

Estas diferencias mantienen confrontadas al organismo autónomo con la Secretaría General de Gobierno.

Mientras que Miguel Sánchez, habitante de Salaverna, exige a la autoridad estatal responsabilizarse de la recomendación y aceptarla, Antonio Zamarripa, otro de los pobladores en resistencia, indicó que no estaba enterado de la determinación de la CDHEZ, pues el delegado de la comunidad y representante, Roberto de la Rosa, no le había informado al respecto.

Aunque respalda a Roberto de la Rosa, tiene algunas diferencias como el bloqueo que se hizo a una parte de la comunidad para evitar que pasen vehículos y personas sin autorización.

De la caravana de líderes de organizaciones y 3 legisladores que acudieron hace 7 meses para darles respaldo a los habitantes, luego de la demolición de inmuebles, Antonio Zamarripa dice que no los ha vuelto a ver en el pueblo, a pesar que se comprometieron públicamente a regresar.

Las diferencias mayores con el delegado de la comunidad las tiene la familia Mendoza Cárdenas, cuyo abuelo, Estanislao Mendoza, ya fallecido, fue el representante de la comunidad; ellos tampoco están enterados de las negociaciones o acciones emprendidas a nombre de los pobladores.

De esa familia, Martha Leticia Mendoza fue quien inicialmente presentó la queja ante la CDHEZ. A ella no se le pudo localizar en su casa de Salaverna y la persona encargada del sitio evitó dar alguna declaración.

Pese a las diferencias, Roberto de la Rosa es la cabeza visible del movimiento de resistencia, quien pone del poco dinero que tiene en sus bolsillos y ha dejado tiempo de sus labores en el campo para continuar firmemente en la lucha.

Esperan veredicto de la Sedatu
A la espera de definiciones legales de parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) respecto de quiénes ostentan la propiedad legal de los terrenos de Salaverna, Miguel Sánchez asegura que él y su esposa permanecerán en su casa.

“Será entonces cuando podamos pensar en negociar si es que nos conviene, sino aquí nos vamos a quedar”, enfatiza.

Los terrenos a los que se refiere están muy cerca de Salaverna y corresponden a cientos de hectáreas que son terreno nacional, es decir, no tienen propietario, y aunque habitantes de esta comunidad y otras cercanas como Majadas o Santa Olaya que las ocupan, no tienen escrituras.

Roberto de la Rosa y otras personas desde hace años llevan un litigio que no se ha resuelto para definir qué hacer con esos terrenos, disputados también por el ejido de Mazapil y que de acuerdo a los pobladores les interesaran a las mineras, a cuyos técnicos han visto haciendo revisiones en la zona.

El conflicto de Salaverna está directamente relacionado con el problema por los terrenos nacionales, de manera que se mantendrá estancado hasta que autoridades federales den una salida.

Otros habitantes no están interesados en dichos terrenos como condición para irse, solo buscan un buen arreglo con la minera Frisco Tayahua, cuyas mesas de negociación se han estancado.

Mina a cielo abierto sobre el poblado
La empresa Frisco Tayahua pretende abrir una mina a cielo abierto en Salaverna, pueblo donde aún existen 5 casas con una decena de habitantes que hacen diariamente su vida entre los escombros.

Ahí ya no hay escuela, iglesia, clínica, ni las habitaciones de casi 300 pobladores que algún día se fueron convencidos de que era un riesgo vivir ahí.

Desde hace 10 años la minera, propiedad de Carlos Slim, ha ido presionando a los pobladores para que se vayan, con acciones como darles agua no potable y luego quitárselas, abrir respiraderos por donde salen gases contaminantes y hacer que tiemble el suelo con explosiones subterráneas.

De aquella región llena de vida en la que el censo de 2010 del INEGI registró 303 habitantes y 82 viviendas, entre las calles desdibujadas hoy quedan alrededor de 10 personas, con quienes es difícil entrevistarse por la desconfianza que tienen.

Habitantes de Nuevo Salaverna, contentos
En 2010 la empresa Fisco Tayahua construyó la colonia Nuevo Salaverna a pocos kilómetros de la entrada a la cabecera municipal de Mazapil.

Se ofrecieron las casas a los habitantes de Salaverna a cambio de abandonar sus propiedades que en lo inmediato se demolían. De las más de 80 familias, la mayoría aceptó la oferta y partieron a su nueva vida.

Josefina Solís Pinales no se arrepiente de haber abandonado su casa en 2012 e instalarse en el Nuevo Salaverna, donde dice vivir muy bien, en un terreno de 8 por 12 metros cuadrados. “Aunque fue difícil, no me arrepiento, allá los terrenos ni eran de nosotros y a lo mejor hoy ya ni eso tendríamos”.

Señala que la principal razón por la que se trasladó fue el riesgo en que estaba su vivienda de venirse abajo, pues los temblores causaban grietas en los muros y era peligroso para su familia permanecer ahí.

Consideró que sus ex vecinos también deberían de pensar el riesgo que corren, y agrega: “No me arrepiento, prefiero estar aquí que allá, porque ahorita ya está muy tremendo ahí”.

Además, asegura que el terreno de Salaverna donde estaba su casa no era de ella, sólo se trata de un ejido por lo que carecían de escrituras, las cuales ahora sí tienen.

“Percibo que aquí la gente está contenta, no he sabido que digan que no están a gusto, algunos cuántos, nada más”, dijo.

Miguel Saucedo es un joven padre de familia que pasó su niñez y adolescencia en Salaverna, hoy tiene una casa en el Nuevo Salaverna, donde considera que se les dio una oportunidad de vivir más cerca del trabajo y de Mazapil, donde hay una mejor escuela para sus dos hijos. “Estoy agradecido y no tengo nada qué decir en contra de eso, estoy bien”.

A 4 años de haberse mudado, refiere que en el Nuevo Salaverna los niños viven mejor, aunque reconoce que en la antigua comunidad nunca se sintió en peligro pero se salió por propuesta de la empresa y porque les gustó la casa nueva.

“Decidimos venirnos para acá, no fue mucho por el riesgo sino porque nos dio una opción de salir de ahí, esta casa es más grande y tiene mejores condiciones”, explica.

De sus ex vecinos que resisten, Saucedo opinó que es una cuestión personal con la cual no está ni en contra ni favor porque, “cada cabeza es un mundo y tendrán sus razones”.

Lejana solución
La solución al conflicto de Salaverna no parece estar cercana, tanto por las diferencias internas de los habitantes como por la falta de diálogo con Frisco Tayahua.

A esto se suma la tardanza de la Sedatu en resolver, así como el polémico actuar de gobierno estatal  y el provecho político que algunos actores buscan.

• Ant
• Siguiente