Minera Peñasquito-Goldcorp debe acatar la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) y regresar las 599 hectáreas a los ejidatarios, sostuvieron los abogados de los 29 ejidatarios de Cerro Gordo, en Mazapil, Pablo Hugo Teniente Kerckoff y Alfonso Herrera Gómez.

Los defensores denunciaron que los ejidatarios han recibido intimidaciones y acusaron al bufete jurídico de Gabino Fraga Peña de manipular el juicio y “orquestar” una serie de amparos para retrasar el cumplimiento de la sentencia. “Él ya sabe que están perdidos y que es simple y sencillamente una táctica dilatoria”, dijo Herrera Gómez.

Este lunes un grupo de ejidatarios se manifestó para que no se quiten las tierras a Peñasquito, ya que se verían afectadas miles de personas, y pidieron una negociación donde las partes lleguen a un arreglo sin que se afecten los empleos que ésta genera.

El abogado de Cerro Gordo agregó en rueda de prensa que Peñasquito-GoldCorp interpuso un juicio de amparo ante el Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en la ciudad de México y le fue negada la protección federal, por tanto la sentencia que ordena la restitución de 599 hectáreas de un total de 2.500 es irrestricta e indiscutible.

Este martes vence la suspensión provisional que se le concedió al ejido de Cedros dentro del juicio de amparo 411/2013 que se tramita en el Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas. Al respecto, el abogado dijo que este lunes que hubo la manifestación se tergiversó la información, pues los comuneros ya tenían conocimiento de que la audiencia se iba a diferir.

Pronunció que se trata de una lucha social justa dentro del marco legal mexicano que no se reduce a pesos y centavos, pues se les ha ofrecido 1 millón de pesos a cada uno de los campesinos cuando ellos tienen derecho a obtener las ganancias que contempla la Ley Minera y Agraria de este país.

Alfonso Herrera apuntó que Minera Peñasquito se fue encerrando en un callejón sin salida en donde ahora solo le queda restituir las tierras o pagar las regalías que la Ley Minera establece, pero no lo quiere hacer.

Negó que ellos como abogados hayan pedido 500 millones de pesos para renegociar. “Nunca les hemos señalado una cifra en específico, nosotros lo que queremos es la restitución de las tierras y a partir de que los compañeros ejidatarios tengan sus tierras entrar en ese proceso de negociación”, comentó.

También dijo que es una falacia que la mina se vaya a cerrar. “Lo que puede suceder es que venga otra empresa minera que respete el marco legal mexicano y que les pague a los compañeros ejidatarios lo que legalmente les corresponde”, indicó el abogado, quien desmintió que exista acercamiento con Carlos Slim, de Minera Frisco.

Expresó su respeto a los habitantes de Mazapil que se manifestaron en el Centro Histórico de la ciudad capital, pero se dijo en desacuerdo con la manipulación de la que, dijo, están siendo objeto por parte del consorcio minero.

Consideró que la minera enfrenta a ejidatarios entre sí, porque los comuneros de Cedros reconocen la existencia de un fideicomiso por 3 millones de dólares y que reciben regalías por más de 40 millones de pesos por renta de sus tierras.

En el caso de Cerro Gordo van a cumplirse 8 años de explotación minera y los ejidatarios no han recibido un solo centavo, dijo el abogado, haciendo de lado “sus derechos humanos y sus garantías individuales”.

Señaló también que es falso que los diputados federales José Isabel Trejo Reyes y Tomas Torres Mercado que están inmiscuidos en el conflicto porque tienen intereses personales.

El llamado al Gobierno del Estado es que así como se mantuvo al margen durante los 4 años que duró el juicio no intervenga ahora.

FOTOS: IRMA MENCHACA

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