Tras la denuncia pública de altos bonos y compensaciones de hasta más de 300 mil pesos mensuales a varios exfuncionarios en el sexenio de Miguel Alonso Reyes, los diputados locales abordaron el tema en sesión.

Luis Medina Lizalde, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió que se haga uso de las instituciones responsables de averiguar y sancionar, por lo que propuso que se cite al auditor Superior del Estado, Raúl Brito Berumen, para que informe sobre el caso.

Destacó que la actual Legislatura tiene una gran oportunidad de ejercer su papel ante los ciudadanos para esclarecer un hecho que así lo exige, sin caer en linchamientos públicos antes hacer una investigación.

La nómina secreta evidencia un hecho que se venía denunciando desde la pasada administración, indicó la petista Geovanna Bañuelos de la Torre, quien agregó que para el actual gobierno también hay una partida de 600 millones de pesos para el mismo concepto que deben transparentarse.

Hay nombres de personas que continúan en la administración estatal, en la lista de funcionarios que entonces se beneficiaron, observó Omar Carrera Pérez, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Es el caso más llamativo el de Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública, a quien paradójicamente corresponde investigar el hecho.

Por parte de los priístas, quienes eran increpados por no querer abordar el tema, Norma Castorena Berrelleza indicó que debía investigarse para no señalar a personas de manera indebida y dañar su imagen, así como señalar a los responsables de las irregularidades que se encuentren.

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