90 días de aguinaldo, becas para los hijos de docentes y otras prestaciones no reconocidas por la Federación se perderán por la declaratoria de inconstitucionalidad a 2 artículos de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas.

Víctor Hugo Montoya Gómez, secretario general del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas, reprochó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les quitó las pocas protecciones que los maestros lograron asentar en la ley local recién creada.

Explicó que la Suprema Corte pidió al Congreso local que se corrigieran los artículos 9 y 12 por contravenir los términos de la Ley General de Educación.

Indicó que en estos artículos se protegían los "derechos adquiridos" de los más de 25 mil profesores del sistema público en la entidad.

Aseguró que con esta nueva disposición el aguinaldo ya no será de 90 días porque la Federación no reconoce esas prestaciones, sino que solo otorga 40 días de salario como gratificación del trabajo en fin de año.

Denunció que tampoco la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) ha pagado las becas del ciclo escolar pasado a los hijos de maestros, y advirtió que ya no se tiene contemplada esta prestación para este ciclo escolar en curso.

Montoya Gómez aseveró que "en México no existe la vía legal, por lo que la única alternativa para cambiar el rumbo es la resistencia social", y convocó al magisterio a unirse.

Anunció que el sábado 26 de septiembre a las 5 de la tarde será la primera movilización, además de otra el 2 de octubre, y se prevé un paro de labores nacional el 12 de octubre.

Pablo Arenas, integrante del comité ejecutivo del Movimiento, aseguró que esta reforma a la ley local permitirá que la Federación actúe a su conveniencia con los docentes que no aprueben las evaluaciones de permanencia.

Dijo que uno de los logros del Movimiento había sido que el docente que reprobara sería readscrito a otras funciones en su centro de trabajo o en su zona escolar, o finalmente en su región educativa.

Con la modificación que se hará, los trabajadores quedarán a disposición del Servicio Público Federal, por lo que el trabajo que le ofrezcan puede ser en otra dependencia u en otra entidad, mencionó.

Aseguró que esta estrategia es con la finalidad de que los profesores que no pasen el examen se vean forzados a no aceptar las nuevas órdenes de trabajo y optar por la vía del retiro voluntario.

De acuerdo con la Seduzac, la ley estatal de Educación debe estar alineada con la Ley federal, por lo que la local no puede otorgar derechos que contravengan la Ley superior.

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