A punto de cumplir 4 años de litigio contra la franquiciataria Ciudadanía Democrática, que editó La Jornada Zacatecas de 2006 a 2011, los 21 ex trabajadores defraudados condenaron la coartada de la empresa, ahora “fantasma”.

Si bien resultaron ganadores del fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) que dispone indemnizarlos, no hay quién responda por la empresa, fundada por Claudia Corichi García, candidata plurinominal a diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC).

Dicha empresa editorial aglutinó a decenas de perredistas y funcionarios del régimen sexenal 2004-2010, quienes, para evadir su responsabilidad, ahora no tienen rostro, ni bienes, ni domicilio, expusieron los afectados en un comunicado de prensa.

Señalan que la única cara visible es Azucena Reyes Miranda, quien fungiera como representante legal, pero fue exonerada por las autoridades laborales, lo cual también ratificó esta semana el Tribunal en la materia, es decir, no hay quién responda por el daño laboral causado.

Los 21 afectados, quienes fungieron como jefes de redacción y de información, así como reporteros, editores, fotógrafos, publicistas, ingenieros de sistemas, correctores, entre otros, reprobaron la lentitud con que actuó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Esa lentitud incluso permitió en su momento que desmantelaran las instalaciones, saquearan el inmueble, mobiliario, rotativa y aquellos bienes que podrían haber garantizado a los trabajadores el pago de sus prestaciones de ley.

La omisión de la JLCA, que preside Carlos Almaraz Núñez, respecto a no actuar a tiempo, conforme a lo que dispone la ley para realizar un embargo precautorio, marcó la fatalidad del caso.

“A distancia de 2011 cuando se interpuso la demanda laboral, y a pesar del laudo favorable a los trabajadores, prácticamente el caso es ganado por Ciudadanía Democrática, al no haber quien cumpla con la indemnización de los empleados”, indica el comunicado.

La decisión de los afectados es agotar las instancias legales, incluso contra la JLCA, y denunciar las prácticas amañadas de Claudia Corichi García, quien nuevamente busca una curul, ahora por otro partido político, mientras que su esposo, Eugenio Govea, también por MC, participará en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí.

Los periodistas defraudados solicitarán la solidaridad de diversas organizaciones de periodistas del país y el extranjero, sin descartar movilizaciones en esta capital para exigir las indemnizaciones y que se impida que accedan a cargos de representación popular personas con antecedentes abusivos.

FOTOS: CORTESÍA

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