La idea central de adicionar el artículo 27 constitucional para permitir la incorporación de la posibilidad de realizar contratos con particulares, nacionales o extranjeros (entiéndase personas físicas o morales), es percibida como una peligrosa antesala de la privatización en el mediano plazo; y en el plazo inmediato significa comprometer de manera oscura uno o varios de los procesos de la paraestatal e, innegablemente, agregar aristas a la corrupción, que es, ésta, uno de los problemas más graves de las paraestatales encargadas de regular y explotar los recursos energéticos del país.
El Ejecutivo ha presentado una iniciativa que carece del elemento esencial de la consulta popular. El Legislativo debiera estar obligado a ello; sin embargo, salvo las acciones mediáticas de algunos actores partidistas, se puede prever que esta no será la vía para considerar modificación alguna a lo conquistado por los mexicanos en 1938.
No obstante los mexicanos que no militamos en ningún partido político, ni nos identificamos con algún movimiento de la política institucionalmente reconocida, debemos encontrar los causes adecuados para hacer señalamientos, críticas y propuestas sobre el particular, porque no nos es ajeno y, por el contrario, nos atañe de manera directa y particular, porque tiene que ver con el patrimonio de la Nación y con la forma en que éste debe explotarse, para beneficio del pueblo.
La reforma energética, tal y como ha sido propuesta por el presidente Peña Nieto, no es más que la continuación de una política de adelgazamiento del Estado mexicano, para favorecer la incorporación de la especulación y el enriquecimiento de corporaciones y particular, con la consecuencia lógica del empobrecimiento de las mayorías. Creo que, por el contrario, la solución a los problemas del sector energético en México, se deben encontrar en una participación más directa, más fuerte, más decidida y más determinante del Estado.
Es decir, en lugar de buscar como alternativa de solución el que otros solucionen lo que al Estado compete, debe fortalecerse éste, con políticas y acciones, con inversión y trabajo que hagan del sector energético una alternativa viable y moderna.
El gobierno mexicano, administrador del los recursos de la Nación, por mandato popular, debe ser el único responsable de la explotación de los recursos naturales del país, tal y como el legislador lo entendió en la redacción de la Constitución de 1917.
En este proceso, en el que habrá de discutirse, no sólo en el Congreso, sino también en los espacios públicos, buscaremos las vías para coincidir y apoyar las acciones que, lejos de intereses mezquinos y electoreros, se opongan conscientemente a la reforma energética presentada por Peña Nieto.
Asimismo habremos de generar foros y espacios de discusión y otras formas de participación para hacer que la voz de la ciudadanía, sus opiniones sobre el particular, sean escuchadas y atendidas.
Considero irreconciliable cualquier intención de promover, abierta o veladamente, la privatización de la explotación de los recursos naturales del país, con el interés superior del pueblo de México. De ahí el interés de fijar mi postura clara en contra de la reforma energética en los términos que ha sido presentada por la presidencia de la República.
*Rogelio Cárdenas Hernández fue candidato independiente a la presidencia municipal de Zacatecas y rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
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